Santo Domingo (Rep. Dominicana).– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión preventiva dictada contra los principales implicados en la supuesta red criminal de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Cobra, la cual habría desfalcado con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión judicial mantiene bajo arresto preventivo por un período de 18 meses a Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como presunto cabecilla del entramado, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Los encartados cumplen la medida desde diciembre de 2025 en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El tribunal mantuvo además el arresto domiciliario de Ada Ledesma Ubiera, medida que le variaron el pasado 16 de julio por complicaciones de salud.
Asimismo, se confirmó la prisión preventiva de 18 meses contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la ARS pública, a quien capturaron a finales de abril cuando intentaba salir del país hacia Boston, Estados Unidos.
De acuerdo con las indagatorias de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, la red operaba un esquema sistemático de corrupción en coalición con prestadores de servicios de salud.
Entre las principales evidencias y modalidades del fraude recolectadas por el órgano acusador se detallan 4,363 autorizaciones médicas irregulares para cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas tramitadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
Según las estimaciones económicas preliminares dichas autorizaciones suman un monto acumulado inicial de al menos RD$41,125,551.02, dentro de un desfalco general estimado en miles de millones de pesos.
Red criminal de corrupción administrativa
El Ministerio Público dice contar con evidencias de alteración de registros para sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y creación de programas especiales sin sustento jurídico utilizados para distraer fondos públicos.
El órgano persecutor imputa formalmente al grupo los cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El expediente resalta que las acciones delictivas afectaron de forma directa el patrimonio de la administradora de riesgos de salud estatal y comprometieron la asistencia destinada a los afiliados de Senasa.
La audiencia se celebró en la sala del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a las necesidades de espacio requeridas por la cantidad de procesados, entre los que también figuran con medidas de coerción alternas Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
