Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El Colegio Médico Dominicano (CMD) aclaró que no tendrá participación alguna en las investigaciones del caso «SeNaSa 2.0», un operativo judicial que dejó este viernes un saldo de al menos 28 personas arrestadas, cuya mayoría son profesionales de la medicina.
A través de un documento público firmado por Luis Alberto Peña Núñez, presidente del gremio, y Miosotte Altagracia Lazala, secretaria general, la Junta Directiva Nacional fijó su posición institucional advirtiendo que la entidad “no respalda, promueve, ni ampara ninguna violación a las leyes”.
El gremio médico argumentó que, en cumplimiento de su responsabilidad institucional y consciente del alto interés público y social que concita el proceso, “corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público y al Poder Judicial las investigaciones de los procesos judiciales y el establecimiento de probables responsabilidades sobre los hechos imputados”.
A pesar de desmarcarse de las indagatorias, el CMD manifestó su apego irrestricto a la independencia de la justicia y que su papel se limitará estrictamente a vigilar que el proceso se desarrolle conforme a las leyes de la República.
“Mantendremos una postura de estricto seguimiento sobre el desarrollo del caso, confiando en que la justicia actuará con apego a la verdad y al estado de derecho de los médicos imputados”, reiteró la directiva, enfatizando la observación del cumplimiento de las garantías constitucionales que amparan a todo ciudadano en el territorio nacional.
La reacción del Colegio Médico se produce tras una intensa jornada de allanamientos ejecutados por equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y otras unidades del Ministerio Público.
No tendrá participación
De acuerdo con los investigadores, los facultativos involucrados violaron artículos del Código Penal, poniendo presuntamente en riesgo los servicios de salud dirigidos a sectores vulnerables y afectando la imagen de los colegas que ejercen apegados a la ética profesional.
Este caso constituye la segunda etapa de la denominada Operación Cobra, orientada a desmantelar una supuesta estructura de corrupción administrativa que presuntamente se aprovechó del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para sustraer fondos públicos en perjuicio de sus afiliados.
Durante los operativos desplegados este viernes se ejecutaron despliegues de fuerzas con la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) bajo la dirección del Ministerio Público.
En los operativos, Las autoridades ocuparon de manera preventiva bienes inmuebles, dinero en efectivo, vehículos de motor y armas de fuego.


