Santo Domingo (Rep. Dominicana).– El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó formalmente al Gobierno de implementar una práctica legislativa improvisada y subordinada a intereses coyunturales, afirmando que estas acciones han sumido a la República Dominicana en una preocupante crisis de confianza y de incertidumbre jurídica.
La denuncia hizo Hotoniel Bonilla García, titular de la recién creada Secretaría de Justicia de la organización política, durante el acto de presentación oficial del informe preliminar titulado “Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana”.
Bonilla advirtió que el uso de la mayoría congresual para imponer agendas particulares deteriora el Estado de Derecho y afecta directamente la estabilidad democrática y el desarrollo económico.
El dirigente opositor argumentó que en los últimos años el Gobierno ha impulsado modificaciones sucesivas a normativas nacionales clave, muchas veces a poco tiempo de haber sido aprobadas o para responder a intereses específicos.
Como ejemplos de esta inestabilidad normativa, citó las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la legislación sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 de concesión de aeropuertos, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los recientes cambios al Código Penal.
Asimismo, cuestionó el supuesto incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional por parte de la administración pública, señalando que esta conducta envía un mensaje sumamente negativo sobre el respeto a las instituciones del país.
En el plano social, Bonilla manifestó la honda preocupación de la Fuerza del Pueblo respecto a la seguridad ciudadana.
Sostuvo que, a seis años del inicio de la gestión actual, la nación sigue careciendo de una estrategia integral y efectiva para combatir la delincuencia y la criminalidad.
Práctica legislativa improvisada
Entre los puntos más críticos señalados en el informe, el partido destacó la falta de respuestas oportunas y debilidades en los sistemas de búsqueda e investigación para miles de familias con parientes desaparecidos.
También las muertes de ciudadanos a manos de agentes del orden, exigiendo que cada caso se investigue con total independencia, transparencia y apego al debido proceso.
Además, la necesidad urgente de recuperar el sistema penitenciario para rescatar su función de rehabilitación y reducir los índices de reincidencia delictiva.
Entre sus líneas de acción inmediata se encuentran la creación de un mecanismo permanente de monitoreo para el cumplimiento de fallos del Tribunal Constitucional y el acompañamiento legal a víctimas de violaciones de derechos fundamentales.
En el ámbito político-electoral, adelantó que vigilarán de cerca el uso de recursos estatales que puedan traducirse en ventajas indebidas para el oficialismo.
Como propuesta central, el partido convocó a la apertura de un debate nacional encaminado a impulsar lo que definieron como una «tercera ola de reformas» al sistema de justicia dominicano.
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