Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana demandó aplicar el régimen de consecuencias a los funcionarios que no cumplieron con lo establecido en la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio Público.
“La falta de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público se convirtió en una burla que obliga a las autoridades competentes a actuar y someter a todos al imperio de la ley, aplicando el régimen de consecuencias correspondiente”, expresa la organización.
La entidad, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ve la necesidad la modificación de la norma “para disponer la inhabilitación para ejercer una función pública a quienes no cumplan con la declaración”.
Considera inaceptable que, ya vencido el plazo de 30 días dispuesto en la norma, la gran mayoría de los funcionarios públicos no haya presentado su declaración, incluidos legisladores que deben ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento de las leyes votadas por ellos mismos.
“Esto es especialmente grave cuando conocían, desde su elección el 16 de mayo, que tendrían que presentarla, por lo que no tuvieron solo 30 días, sino 120 días”, expresó Participación en un parte de prensa.
Aplicar régimen de consecuencias a funcionarios
Critica que legisladores pidan una extensión del plazo para la presentación, lo que evidencia su desconocimiento de la ley por tratarse de un término fijado por la ley, cuya modificación por parte de la Cámara de Cuentas implicaría una violación de la misma.
“El reglamento de aplicación de la ley permite una extensión de diez días adicionales, pero solo para aquellos casos en que se presentara la declaración de forma incompleta, por lo que no se favorecen quienes sencillamente no la presentaron”, aclaró la entidad.
Recuerda que la ley dispone que, si la declaración no la presentan en el plazo legal pero se presenta con posterioridad, se debe clasificar como «declaración tardía» y enviada al Ministerio Público para que investigue la causa de la demora.
Solicitó a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, al Ministerio de Administración Pública, al Ministerio Público, a los presidentes de la República, de las cámaras legislativas y a las autoridades municipales hacer el esfuerzo necesario para someter a todos al imperio de la ley.
