Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El Poder Ejecutivo creó Comisión de Veeduría Ciudadana proceso de Licitación Pública Nacional núm. FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, relativo al proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera de Conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la Vía Puerto Plata – Sosúa, denominada «Autopista del Ámbar”.
Mediante el Decreto número 298-26 se designa a Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia; Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González como los titulares de la encomienda de finalidad vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de contratación.
De acuerdo con lo establecido en el mandato, la entidad podrá recibir observaciones, sugerencias, denuncias y reportes de ciudadanos, proveedores y organizaciones, así como emitir informes de seguimiento con sus hallazgos, los cuales podrán ser incorporados al expediente administrativo del proceso, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la igualdad de participación, la libre concurrencia y el debido proceso.
La orden indica que las instituciones involucradas, en particular el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar a la Comisión el acceso a la información relacionada con el proceso de contratación, conforme a las disposiciones legales aplicables.
La ordenanza instituye que la Comisión tendrá carácter estrictamente observador y no intervendrá en las competencias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de ofertas.
Creó comisión de veeduría para licitación
El edicto establece que los miembros de la comisión deberán suscribir un compromiso ético previo al ejercicio de sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflicto de interés y su deber de confidencialidad.
Entre los considerandos del decreto está que el proyecto de la carretera constituye una iniciativa de alto impacto nacional, orientada a fortalecer la conectividad territorial, dinamizar el desarrollo económico y mejorar la competitividad del país.
También que los procesos de contratación pública de alto impacto requieren la adopción de mecanismos adicionales que fortalezcan la transparencia, la trazabilidad del procedimiento, la confianza pública y la legitimidad institucional.
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