Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El Observatorio de Áreas Protegidas demandó una respuesta nacional inmediata ante la frecuencia, extensión y repetición de los incendios forestales.
La entidad reclamó reforzar la prevención de manera urgente, blindar las zonas amenazadas e investigar a fondo las responsabilidades detrás de estos siniestros que golpean los ecosistemas más frágiles de la República Dominicana.
La alerta coincide con el reporte de un nuevo incendio activo en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, específicamente en las proximidades del Hoyo de Pelempito.
El fuego afecta un área de bosque denso de pino criollo dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, lo que agrava la presión sobre un territorio fuertemente castigado durante esta temporada.
Según las estimaciones técnicas citadas por el Observatorio, los daños recientes en las principales áreas protegidas del país incluyen más de 100 kilómetros cuadrados afectados por dos grandes incendios entre finales de junio y principios de julio en la Sierra de Bahoruco.
En Valle Nuevo las afectaciones previas que superan los 50 kilómetros cuadrados y múltiples zonas, de más de 30 kilómetros cuadrados quemados en al menos tres incendios recientes y daños en los parques nacionales Jaragua y La Humeadora.
La entidad advirtió que la recurrencia del fuego en zonas que aún están en recuperación interrumpe drásticamente la regeneración natural.
Si las llamas regresan antes de que los pinos jóvenes maduren, se pierde la capacidad de reemplazo forestal, lo que acelera la erosión del suelo y la pérdida duradera del ecosistema, expresó la organización.
El Observatorio señaló que en los siniestros predominan los incendios provocados por el ser humano, ya sea por negligencia o de forma deliberada.
Demandó una respuesta inmediata
Ante esto, demandaron investigar rigurosamente los vínculos de estos fuegos con actividades agrícolas y ganaderas ilegales dentro de las áreas protegidas; prácticas de cacería prohibidas; operaciones de redes de tráfico ilícito de personas en las zonas montañosas.
A pesar de reconocer el heroico sacrificio de los bomberos forestales, guardaparques y brigadistas que trabajan bajo condiciones extremas, la institución subrayó que su entrega no puede seguir sustituyendo la falta de prevención y la aplicación estricta de la ley.
Ante la gravedad de la situación, el Observatorio de Áreas Protegidas solicitó perseguir tanto a los autores materiales como a quienes ordenen o financien los fuegos y recordó que el Decreto 615-26 refuerza la prioridad nacional de prevenir e investigar las agresiones al patrimonio ambiental.
Llamó a reforzar la vigilancia temprana con la integración de sistemas de monitoreo satelital, patrullaje terrestre constante y coordinación con las comunidades en los puntos de mayor recurrencia.
Reclamó la evaluación científica del daño para delimitar con precisión las superficies quemadas para evitar duplicidades de datos y orientar de forma científica la recuperación a largo plazo de los suelos, el agua y la biodiversidad.
También controlar el uso del fuego con el endurecimiento de las restricciones y aplicar sanciones efectivas sobre las quemas agrícolas y ganaderas en períodos críticos, además de frenar de inmediato las ocupaciones ilegales en parques nacionales.
La entidad recordó que cada kilómetro cuadrado de bosque degradado destruye hábitats de especies endémicas y pone en riesgo directo el suministro de agua del que dependen comunidades enteras.
Apostilló que proteger estos espacios es una obligación legal, ecológica y moral ineludible para el Estado y la sociedad dominicana.
