Santo Domingo (Rep. Dominicana). – A pesar de reconocer las debilidades presentes en la aprobación del Código Penal, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) manifestó su oposición a que se extienda el plazo de su entrada en vigencia o `vacatio legis´.
La entidad considera que la legislación debe entrar en vigor de forma impostergable al concluir el plazo establecido, pautado para agosto de este año 2026.
La organización argumenta que posponer la fecha no sienta un buen precedente para la institucionalidad del país.
El colectivo entiende que la solución a las deficiencias técnicas de la ley penal debe producirse lo antes posible, incluso antes de su ejecución oficial.
Indicaron que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ya trabajó un anteproyecto de ley para corregir dichas fallas.
“Esperamos conocer su contenido y que se someta sin dilación al Congreso, que debería ser el más interesado en enmendar sus propios errores”, apuntó la entidad.
Participación Ciudadana manifestó que las debilidades deben enmendarse con prontitud, ya sea por la vía del propio Poder Legislativo o mediante las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), órgano que ya se encuentra apoderado de varios recursos de inconstitucionalidad.
Entre los puntos críticos que están en manos del TC, la organización recordó la demanda de inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, una medida esencial para proteger la salud y la dignidad de las mujeres.
Participación Ciudadana opuesta
Urgieron la despenalización de los delitos de difamación, injuria y ultraje, alineándose con las tendencias jurídicas mundiales para garantizar de forma plena la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el libre ejercicio del periodismo.
Pese a los fallos que deben corregirse, Participación Ciudadana ponderó positivamente que el nuevo Código Penal incorpore alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas sumamente sensibles para el país como violencia de género, intrafamiliar y feminicidio.
Crímenes graves como el sicariato, auto secuestro, obstrucción de la justicia, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción pública y los delitos financieros, el código establece que la concurrencia de varias conductas ilícitas implicará la acumulación y el cumplimiento de todas las penas correspondientes a cada infracción.
De igual forma, tipifica y sanciona de manera drástica el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, la sobrevaluación ilegal, el pago irregular de contratos administrativos y la distracción de recursos públicos con el concurso de funcionarios.
El colectivo valoró positivamente que las infracciones contra el patrimonio público prescriban en un amplio plazo de 20 años.
