Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El Movimiento Popular Dominicano (MPD) criticó que el Gobierno convirtiera los alegados «intercambios de disparos» en política de Estado para eliminar presuntos delincuentes.
La organización política hizo el planteamiento a propósito de la muerte de más de 50 civiles solo en el mes de septiembre, fruto de esa práctica, que, en lo que va de 2026, suman más de 180 fallecidos en todo el territorio nacional.
Advirtió al Gobierno y a las autoridades judiciales que la criminalidad no puede combatirse con más crímenes ni mediante el uso excesivo de la fuerza al margen de los procedimientos legales, pues esto convierte la violencia en una política de Estado.
«Cuando agentes encargados de garantizar la seguridad recurren a la violencia ilegítima, a los abusos de autoridad o a actuaciones al margen de los procedimientos legales, el problema deja de ser únicamente policial y se convierte en una política de Estado, en contradicción con lo expresado recientemente por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful», expresa el MPD,
En un documento firmado por su Comisión Política, la entidad política manifestó que, aunque el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, esa prerrogativa está limitada por la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.
«La autoridad policial no puede convertirse en una licencia para matar, golpear, torturar, extorsionar, detener arbitrariamente o fabricar evidencias. Cuando esto ocurre, la institución que debe proteger a la ciudadanía termina reproduciendo algunas de las mismas prácticas que está llamada a combatir», destaca la organización.
Planteó que la criminalidad tampoco puede explicarse exclusivamente por la conducta individual de quienes delinquen, ya que detrás de determinados fenómenos delictivos existen condiciones sociales que se deben estudiar.
Alegados «intercambios de disparos»
Citó entre esas condiciones la desigualdad económica, la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, la exclusión social, las debilidades educativas, la desintegración familiar, el consumo de drogas, la expansión de las economías ilícitas, la falta de oportunidades para la juventud y las debilidades institucionales.
«A esto se suma la existencia de redes criminales que encuentran condiciones para desarrollarse cuando existe corrupción, impunidad o complicidad en determinadas estructuras del Estado», refiere.
Para el MPD la criminalidad no se limita al delincuente común que opera en las calles al manifestar que también existe la llamada delincuencia de cuello blanco, vinculada a delitos que se cometen desde posiciones empresariales, profesionales, financieras o institucionales.
Citó como ejemplos de estos casos el fraude, la corrupción, la apropiación indebida, la evasión fiscal, el lavado de activos y la utilización fraudulenta de recursos públicos, cuyas consecuencias han alcanzado grandes dimensiones económicas o han afectado a instituciones y a amplios sectores de la sociedad.
«Por ello, una política seria contra la criminalidad debe enfrentar tanto el delito común como las estructuras económicas y de poder que puedan facilitar delitos de mayor complejidad o dimensión. La lucha contra la delincuencia no puede tener una vara distinta según la posición económica o social de quien delinque», subraya el MPD.
Ante las situaciones descritas, el MPD considera que el problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando los abusos policiales no se investigan con independencia ni sus responsables reciben las sanciones proporcionales que merecen.
«Cuando se instala una cultura institucional de tolerancia frente a la violación de derechos, la impunidad debilita la confianza pública y transmite un mensaje peligroso: que existen funcionarios que pueden actuar por encima de la ley», señala la Comisión Política del MPD.
Agrega que esto resulta particularmente grave cuando agentes policiales participan en hechos delictivos, ya que, en esos casos, la institución encargada de perseguir el delito se convierte, al mismo tiempo, en objeto de investigación.
Plantea que la respuesta debe ser institucional basada en investigación independiente, debido proceso, identificación de responsabilidades individuales y sanciones conforme a la ley.
