Santo Domingo (Rep. Dominicana). – Organizaciones políticas, sociales y de trabajadores reiteraron su demanda de cambios profundos a la Ley de Seguridad Social tras rechazar firmemente la propuesta que actualmente se pretende conocer en el Congreso Nacional.
El Bloque Popular Jesús Adón, el Frente Amplio y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT) denunciaron que el proyecto de los legisladores mantiene las principales distorsiones del sistema actual.
Aseguran que la iniciativa solo busca profundizar los beneficios de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y otros sectores empresariales vinculados al negocio de la salud y las pensiones.
Para hacer oficial y públicas sus demandas, los representantes de las entidades entregaron un documento en la oficina del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández.
En la misiva, plantean que cualquier reforma debe responder a las necesidades de la clase trabajadora y de la población general, garantizando una verdadera protección social en lugar de perpetuar un modelo mercantilista.
“La propuesta vuelve a confundir la seguridad social, que debe ser una expresión de políticas públicas de protección social, con un sistema de prestación de servicios”, sostuvo Juan Núñez, secretario general de la UCT.
Las organizaciones advirtieron que el modelo de capitalización individual no resuelve la crisis de las pensiones en el país debido a las condiciones estructurales del mercado laboral dominicano, caracterizado por la alta informalidad, bajos salarios y la inestabilidad de ingresos.
Por este motivo, rechazan categóricamente el aumento de la edad de retiro o elevar las cotizaciones y criticaron puntos del proyecto de ley.
Uno de los puntos esgrimidos fue el catálogo limitado de salud por lo que exigen que la seguridad social garantice una atención médica integral para que ninguna familia pierda su patrimonio por enfermarse.
Reiteraron su demanda de cambios profundos
En relación a la creación de un seguro para enfermedades catastróficas, rechazan su creación de forma separada, al considerar que se convertirá en una nueva carga financiera para los ciudadanos.
Cuestionan la obligatoriedad de incorporar a trabajadores por cuenta propia al régimen contributivo sin analizar la viabilidad financiera real ni las condiciones de la informalidad.
“Ninguna de esas condiciones desaparece porque un artículo declare que esos trabajadores deben cotizar”, advirtieron.
Las entidades reclamaron que el Congreso Nacional discuta e incorpore las propuestas alternativas elaboradas por la Coalición por una Seguridad Social Digna, anunciando que se mantendrán en pie de lucha para defender una ley que coloque los derechos de la población trabajadora en el centro del sistema.
