Santo Domingo (Rep. Dominicana). – Un bloque de organizaciones dominicanas, latinoamericanas y europeas manifestó preocupación por la continuidad de prácticas de trabajo forzoso en el sector azucarero de la República Dominicana.
En un comunicado conjunto, las entidades acusaron de complicidad al Gobierno dominicano y a las autoridades de Estados Unidos, criticando severamente el levantamiento de las restricciones a las importaciones de azúcar de la empresa Central Romana, ocurrido en marzo de 2025.
El pronunciamiento se ampara en diversas investigaciones de derechos humanos, destacando el reciente informe de la organización Corporate Accountability Lab (CAL), titulado «Bitter Empire: Labor Exploitation in the Dominican Sugar Sector and the Trump-Billionaire Alliance Behind It» (Imperio Amargo: Explotación Laboral en el Sector Azucarero Dominicano y la Alianza de Multimillonarios de Trump detrás de ella).
Según las denuncias, las graves condiciones laborales y de vida documentadas en los bateyes persisten a pesar de las medidas comerciales tomadas en el pasado.
Las organizaciones denunciantes recordaron que estas preocupaciones motivaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) a imponer una Orden de Retención de Importaciones (WRO) contra Central Romana en noviembre de 2022.
Sin embargo, lamentan que la administración estadounidense levantara dicha restricción a inicios de 2025, obviando las evidencias de campo que apuntan a que los indicadores de explotación siguen vigentes.
Entre los abusos recurrentes señalados en el sector citan los salarios insuficientes y falta de transparencia en los pagos; jornadas laborales excesivas y condiciones de vivienda precarias en los bateyes; aislamiento, temor a represalias y una severa falta de documentación migratoria.
Continuidad de prácticas de trabajo forzoso
El documento enfatiza que las políticas migratorias del Gobierno dominicano, marcadas por deportaciones masivas y detenciones arbitrarias, agravan la vulnerabilidad de los trabajadores, en su mayoría migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana.
«Quien vive bajo el miedo, la incertidumbre y la amenaza permanente de expulsión difícilmente puede ejercer sus derechos laborales en condiciones de igualdad», reza el comunicado.
Ante el rechazo del Central Romana de existencia de trabajo forzoso basándose en una evaluación de la firma consultora Elevate, la coalición exigió la publicación íntegra de dicho informe, su metodología y sus recomendaciones para someterlo al escrutinio público.
Las organizaciones calificaron de «contradictoria» la política exterior de los Estados Unidos, señalando que Washington ha impuesto aranceles a la República Dominicana y otras economías por no aplicar controles contra el trabajo forzoso, mientras que simultáneamente permite la entrada del azúcar de Central Romana al mercado estadounidense bajo sospechas persistentes de explotación.
Las entidades exigen al Central Romana la adopción de medidas verificables para eliminar los riesgos de trabajo forzoso, garantizar salarios dignos, acceso a la seguridad social y publicar todas sus auditorías laborales.
A la CBP de EE. UU. demandan transparentar la evidencia que sustentó el levantamiento de la WRO en 2025 e iniciar una nueva investigación para determinar si corresponde restablecer las sanciones.
Al Estado dominicano le reclaman investigar activamente las violaciones a la legislación laboral en la industria azucarera, sancionar a los responsables y detener el uso de la vulnerabilidad migratoria como una herramienta de sometimiento laboral.
«El levantamiento de la restricción de importaciones no demuestra que el trabajo forzoso haya terminado», concluye el documento de la coalición, advirtiendo que negar la realidad de los bateyes no altera los hechos documentados sobre el terreno.
