Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Treinta días sin disfrute de sueldo fue la sanción aplicada a los ocho agentes que arrestaron al ciudadano Wazar Gómez mientras se manifestaba el San José de Ocoa.
La sanción se le aplicó a los oficiales y subalternos tras determinarse mediante investigación que incurrieron en faltas graves al momento de arrestar al médico el pasado 26 de enero.
En un parte de prensa se indica que la Dirección General de la Policía Nacional aplicó el castigo por recomendación de la Inspectoría General.
Los sancionados son el teniente coronel Vladimir García Santos; el capitán Selestino Mateo Bremon; el primer teniente Marisan Reyes Lorenzo y el segundo teniente Rubén Darío Castillo Ortiz.
También el sargento Reynaldo José Vizcaíno Castillo; los primeros tenientes Edy Cabral Rafael y Alexis Sosa Sael; y el raso Wilman Raúl Ramírez Ruiz.
Explica que en la investigación se determinó que los sancionados incurrieron en faltas graves, violentando el artículo 154, en su numeral 1, 2, 3, 8 y 9, de conformidad con el artículo 156, numeral 2, de nuestra Ley Orgánica No. 590-16.
En el proceso de la investigación se entrevistaron, además, otros agentes policiales.
En la investigación quedó evidenciado mediante certificado médico que el señor Wazar Gómez no presentaba signos de violencia, dice el parte de prensa.
Ocho agentes que arrestaron
El director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, aseguró que tan pronto se registró la “desafortunada” actuación contra Wazar Gómez, los organismos de control interno asumieron las investigaciones de lugar, para establecer responsabilidades.
«Desde la Dirección General de la Policía Nacional nos solidarizamos con el profesional de la salud afectado y advierte a los hombres y mujeres que integran la institución que sus actuaciones tienen que ser siempre dentro del respeto de las normativas y de los derechos humanos», dijo el director general policial.
Afirmó que la Inspectoría General de la Policía Nacional, órgano de control interno, asumió todo el proceso investigativo, con la finalidad de dar respuesta a ese mal proceder y en especial a la detención del galeno de la salud, cumpliendo los procedimientos legales y los derechos de cada uno de los agentes investigados.
