Santo Domingo (Rep. Dominicana).– Al vocero del Bloque de Diputados del partido Fuerza del Pueblo (FP) le preocupa el deterioro de los servicios públicos en el país, resaltando la creciente ineficiencia en áreas críticas como el suministro de energía eléctrica y la educación.
Rafael Castillo, diputado por la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, atribuye estos problemas a la «fatiga gubernamental» que, de acuerdo a él, afecta la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas.
“Cuando hablamos de la fatiga de este gobierno, nos referimos a su desgaste, la pérdida de energía y la disminución de su eficacia a nivel administrativo. Esto se agrava por funcionarios que están más enfocados en sus aspiraciones para 2028 que en cumplir con las funciones asignadas”, explicó.
Según el legislador, la administración del presidente Luis Abinader muestra un desgaste evidente a medida que avanza su mandato.
“La ineficiencia en el servicio de energía eléctrica se convirtió en una constante que afecta la vida diaria de los dominicanos, volviendo a traer los apagones sin solución a la vista y un gobierno que pretende transferir esta responsabilidad a la población”, expresó Castillo.
Deterioro de los servicios públicos
En cuanto a la educación, el congresista consideró que el gobierno ha fallado en su promesa de mejorar la calidad educativa.
“Nos encontramos con un sistema educativo que no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. La falta de cupos en las escuelas públicas es una realidad que golpea a las familias de escasos recursos, quienes ven cómo se les niega el derecho a una educación digna para sus hijos”, enfatizó el vocero.
Recalcó que los problemas son indicativos de una administración que perdió el rumbo y, en lugar de avanzar, retrocedió en áreas fundamentales para el desarrollo de la nación.
“El pueblo dominicano paga las consecuencias de un gobierno que, lejos de cumplir sus promesas, demuestra ser incapaz de ofrecer soluciones reales a las necesidades de la población”, apostilló Castillo.
El legislador instó al gobierno a asumir su responsabilidad y a implementar acciones concretas para resolver estas problemáticas que afectan gravemente la calidad de vida de los ciudadanos y el futuro del país.
