Azua (Rep. Dominicana).- Las 460 familias afectadas por la construcción de la presa de Monte Grande anunciaron que a partir de ahora activan un plan de lucha con acciones permanentes que desarrollarán hasta tanto el gobierno cumpla con todos los acuerdos firmados, algunos de los cuales tienen a la iglesia católica como testigo.
“Nuestras familias están pasando miseria y desesperación; pero a la vez sentimos una gran indignación y conscientes de los derechos que nos asisten, elevamos nuestro espíritu y en el día de hoy empezamos un plan de lucha que cuenta con el apoyo y la solidaridad de organizaciones campesinas y del movimiento popular de la región sur y del país”, expresaron.
Las familias afectadas y organizaciones comunitarias reclaman al Gobierno cumplir su palabra y los compromisos pautados, que incluyen la entrega a cada una de ellas de 30 tareas de terrenos de calidad, con agua para riego y terminación del centro poblado; algo que debió pasar hace cinco meses, antes del 25 de enero, fecha de la inauguración de la obra.
En rueda de prensa convocada frente a la Gobernación Provincial de Azua, organizaciones comunitarias que acompañan a las familias en este proceso, expresaron sentirse engañadas por las autoridades del gobierno central, debido a que las tierras con las que estas 460 familias se sustentaban de su producción, quedaron inundadas.
“Llamamos al presidente de la República, Luis Abinader, que ordene la solución urgente de estos problemas y a las autoridades de la provincia de Azua, a fin de que cumplan su responsabilidad de representar y gestionar la solución a las necesidades de nuestras comunidades”, explicaron.
Recordaron que aportaron sus tierras para la construcción de la presa, que ofrecerá buenos servicios al país; “pero no debe ser en perjuicio nuestro”.
Activan un plan de lucha
Agregaron que las autoridades violan los acuerdos firmados y orales con los comunitarios, incluyendo el del pasado 24 de abril en el Palacio Nacional, en una reunión encabezada por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, en el que el Gobierno de Luis Abinader se comprometió a resolver todos los problemas y a realizar un segundo encuentro en la semana siguiente, pero transcurrieron dos meses en los que las autoridades cambiaron las fechas reiteradamente o simplemente dejan plantadas a las familias y comunitarios.
Esa es la razón por la cual interpretan que con esa reunión en Palacio las autoridades sólo buscaban detener los reclamos durante la campaña electoral para no afectar al partido oficialista, porque después de las elecciones han actuado con indiferencia y no han dado continuidad a las reuniones pendientes.
Entre los acuerdos hechos por el gobierno están: un asentamiento agrícola con 30 tareas de tierra con riego para cada familia afectada en Monte Grande, Los Güiros, La Meseta, San Simón y Hato Nuevo; pensiones dignas para los envejecientes y las personas que viven con algún tipo de discapacidad; pago de subsidios mientras se concretiza la entrega de la tierra; instalación de una cocina móvil hasta que se construya un comedor económico y el pago de las deudas pendientes por desbroce de cultivos y de otros expedientes por deudas que están en los tribunales.
De igual manera, el gobierno se comprometió con la terminación y en algunos casos construcción de una serie de obras como el Centro Comunal o Multiuso; el mercado, el cementerio, la funeraria municipal, un parque, un campo de béisbol, una cancha de baloncesto, dos iglesias, una policlínica, alcantarillados sanitario y pluvial; un acueducto, la impermeabilización de techos en viviendas, la arborización y la finalización de la carretera.
