Santo Domingo (Rep. Dominicana) – Tras la entrada en vigencia de la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, junto con su reglamento de aplicación, el consultor y asesor de Mipymes Ramón Báez exhortó a las pequeñas y medianas empresas suplidoras del Estado a prepararse para participar en los procesos de licitación que se realizarán bajo la normativa.
Báez explicó que la nueva legislación introduce cambios importantes y mayores exigencias para los proveedores.
Por esta razón, consideró fundamental que las empresas conozcan a profundidad las nuevas reglas antes de la próxima ola de concursos públicos.
“La Ley 47-25 ya está vigente y cuenta con su reglamento. Muchas licitaciones continúan bajo la normativa anterior, pero los próximos procesos se realizarán con una nueva ley, más completa, más compleja y con requisitos distintos a los que los suplidores estaban acostumbrados”, señaló.
El especialista indicó que la legislación contiene cerca de 248 artículos y contempla una amplia reglamentación complementaria, lo que obliga a los empresarios a capacitarse de manera inmediata para evitar errores técnicos durante los procesos de contratación estatal.
Báez sostuvo que una de las principales dificultades que enfrentan las microempresas es la complejidad de los procesos electrónicos de contratación pública.
A su juicio, aunque el sistema digital mejora, sigue siendo una barrera para los negocios pequeños que no cuentan con personal especializado ni recursos suficientes para manejar los procedimientos técnicos requeridos.
“Una microempresa por sí sola tiene muchas dificultades para participar en una licitación. Mientras más compleja se vuelve la ley, más necesidad existe de contar con personal capacitado”, afirmó.
El consultor también criticó la cantidad de requisitos exigidos para cobrarle al Estado, señalando que muchas instituciones continúan solicitando documentos que ya pueden verificarse de manera digital.
Participar en los procesos de licitación
En ese sentido, apuntó a la Contraloría General de la República como uno de los principales obstáculos para agilizar los pagos, debido a la alta cantidad de documentos y certificaciones físicas que exige para aprobar los desembolsos.
“Muchas veces las instituciones tienen acceso digital a la información, pero aun así siguen exigiendo papeles físicos. Eso retrasa los procesos y afecta la eficiencia del sistema”, sostuvo Báez.
El asesor planteó la necesidad de mejorar la planificación de compras en el sector educativo para aumentar la participación de las empresas locales.
Indicó que productos como uniformes, zapatos y mobiliario escolar podrían ser suplidos en mayor proporción por fabricantes dominicanos si las adquisiciones se programaran con más tiempo y se distribuyeran durante todo el año.
“Hay producción local con capacidad para suplir una parte importante de la demanda, pero la forma en que se realizan las compras obliga muchas veces a recurrir a importaciones”, expuso.
