Redacción (Agencias).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció esta jornada una rueda de prensa para exponer los detalles de las acciones tomadas por su administración para atender las afectaciones derivadas de los devastadores sismos que asolaron a ese país suramericano el pasado 24 de junio y que dejan ya 2.595 personas fallecidas y más de 12.400 heridos.
«Lo que ocurrió fue una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar de que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país», afirmó la mandataria ante los periodistas.
Desmintió asimismo los informes mediáticos –que calificó de «miserables y desalmados», según los cuales su administración no atendió oportunamente a las víctimas.
«Inmediatamente, se activó el Estado venezolano en su conjunto. Lo primero que hicimos, a pocas horas de la ocurrencia, fue emitir un decreto con la creación del Estado Mayor para atender esta situación de emergencia ante un desastre natural, tal como está contemplado en las leyes de la República», refirió.
Y continuó: «Nosotros no esperamos un día, dos días, tres días: inmediatamente se activó. Obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar fueron sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos», a los que luego se sumaron rescatistas y voluntarios especializados y espontáneos venidos de todo el país, tras el establecimiento de un puente aéreo.
La dignataria reveló que luego de haber recibido los primeros reportes, su Gobierno estaba al tanto de que estaba enfrentando «una gran catástrofe natural» y que el estado La Guaira «se había convertido en una zona de desastre».
De conformidad con esa realidad, relató, «durante las primeras horas» se desplegaron 4.000 funcionarios civiles y militares.
Devastadores sismos
Al día siguiente, la cifra se incrementó hasta sumar 14.000 y, en el presente, solo en esa entidad están en el terreno más de 19.000 efectivos.
Además, se tomó la decisión de militarizarla, «para restringir el acceso y que se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo».
Rodríguez agradeció la respuesta internacional a la crisis, que se expresó en llamadas de «72 jefes de Estado y de Gobierno» y se concretó en el envío de rescatistas para salvar la mayor cantidad de vidas posible.
«Fíjense, 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco en nombre de nuestro pueblo», relató.
«Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana», destacó.
Según el último parte expuesto por la mandataria, 189 edificios colapsaron en las entidades afectadas por los terremotos, 181 de ellos en La Guaira, donde, además, una porción significativa de funcionarios de la Gobernación, la Alcaldía y de los cuerpos militares y de seguridad, perecieron.
Anunció además que se encuentra en el país un grupo israelí «altamente especializado» en procesos de «reconstrucción de infraestructura, de determinación de la situación de la infraestructura que no colapsó completamente, pero que puede tener daños» y de detección de personas con vida.
Anunció asimismo la creación de «un fondo para la reconstrucción», que tendrá un capital inicial equivalente a 200 millones de dólares de recursos pertenecientes a Venezuela que reposan en el Fondo Monetario Internacional, «con contratos auditados por auduitoras internacionales».
Estos recursos, explicó, serán necesarios para rehabilitar o reconstruir las 855 edificaciones, infraestructuras y servicios que sufrieron daños por los seísmos, que siguieron con 862 réplicas.
Devastadores sismos
A lo dicho sumó que el Estado venezolano abrió una cuenta para recibir donaciones internacionales en la Corporación Andina de Fomento (CAF).
«Ese dinero que llegue a la CAF será para vivienda, con todos los mecanismos de auditoría. Por eso van a un banco internacional», abundó.
Tras pregunta de la prensa sobre la posibilidad de que las personas que perecieron en la tragedia terminaran en una fosa común, Rodríguez negó esa opción y refirió que las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo, se corresponden con lo previsto en los protocolos internacionales y lo consagrado en las leyes locales.
«De entrada, dije: ‘Nadie va a una fosa común’ y le di la orden al vicepresidente sectorial [Diosdado Cabello que], lo primero [que debía hacerse es] el reconocimiento por huella y fotografía. En los casos en los que no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos a todos los médicos forenses en esa labor, que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que permita su reconocimiento», detalló.
En ese contexto, señaló que las estimaciones sobre la cantidad probable de víctimas de los terremotos realizadas por organismos internacionales que han circulado en medios de prensa, se hicieron bajo la suposición de que los movimientos telúricos afectarían a las zonas cercanas a la cordillera de la Costa, más densamente pobladas que el litoral marítimo, donde abundan las viviendas vacacionales.
«No queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados. ‘Aquí está el cadáver’, y eso es lo que es», indicó, tras cuestionarla los periodistas sobre la discrepancia entre las cifras oficiales y referidas las proyecciones.
Por RT
