Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó el llamado a paro nacional de labores en los servicios de salud por un período de 24 horas.
La jornada de protesta está programada para iniciar este próximo martes 7 de julio a partir de las 8:00 A.M.
La directiva gremial aclaró que la manifestación mantendrá activas las atenciones en las áreas críticas de todos los centros hospitalarios del territorio nacional.
De esta manera, se garantizará el servicio en emergencias, unidades de cuidados intensivos (UCI) y a los pacientes que se encuentran actualmente ingresados, asegurando que ninguna vida quede desamparada.
De acuerdo con un comunicado oficial de la agrupación profesional, esta medida de fuerza mayor responde a lo que califican como preocupantes arbitrariedades y abusos de poder que flagelan el ejercicio de la medicina en la República Dominicana.
La Junta Directiva Nacional del CMD denunció y repudió la actuación de la Fiscalía de la provincia de La Vega, la cual mantiene bajo lo que consideran una «ilegal privación de libertad, por un periodo que ya excede las 48 horas», al Dr. William Almánzar, cirujano bucomaxilofacial y miembro de la colegiación, junto a su hermano y asistente clínico.
Según el gremio, esta detención «extemporánea» pisotea las garantías mínimas del debido proceso establecido en el Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y vulnera flagrantemente sus derechos fundamentales.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, el CMD defendió firmemente el rol de los asistentes en el ámbito de la salud, recordando que el acompañamiento asistencial es un eslabón legítimo y necesario en la práctica clínica probada.
“Pretender criminalizar el acto médico y a sus colaboradores constituye un despropósito judicial inaceptable. El médico es un profesional presto para dar todo de sí, cuidando a los demás; su naturaleza es sanar, nunca hacer daño”, manifestó la entidad.
Llamado a paro nacional de labores
El Colegio Médico advirtió que las actuaciones actuales de la Fiscalía de La Vega evidencian cómo se vulnera la seguridad jurídica del sector.
Expresa que este caso sirve como una alarmante «probada» de la desprotección total que le espera a la clase médica si se aplica de forma literal el nuevo Código Penal (Ley 74-25).
El gremio médico concluyó exigiendo la inmediata liberación de los profesionales detenidos, el cese del acoso judicial y se declaró en sesión permanente.
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