Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Un grupo de abogados denunció que el director ejecutivo de Bienes Nacionales & Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos, no acata aún el decreto número 3625 que le ordena de titular de manera definitiva terrenos en santo Domingo Este.
Los representantes legales de Juan Rivera Cordero, adquirente desde el año 2013 de unos terrenos ubicados en el Distrito Catastral 32, Parcela 21-C-2, dicen desconocer lo motivos por los cuales el funcionario no da curso al referido decreto, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 10 de marzo del año 2025.
Los denunciantes manifiestan que dicho incumplimiento genera situaciones de usurpación y ocupación ilegal del terreno, lo que hace presumir algún tipo de componente entre el invasor y las autoridades llamadas a resolver el problema.
“Otorgo Poder Especial al director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para que a nombre y en representación del Estado Dominicano… suscribe los contratos mediante los cuales vende, cede y transfiere las porciones de terrenos que se describen a favor de Juan Euclides Cordero”, expresa la pieza firmada por el presidente Luis Abinader.
Los togados explican que la inacción del CEA, la aprovechada Jangle Vásquez Rodríguez, representante de las compañías DOCAR SRL y del Grupo Nativa-Credigas, para, valiéndose de hombres armados ocupar dichos terrenos ilegalmente.
Titular de manera definitiva terrenos
“Y a pesar de las ganancias de causa dadas por las distintas instancias y el propio Poder Ejecutivo a favor del señor Rivera Cordero, este (Vásquez Rodríguez) acelera la ocupación ilegal del terreno y ha realizado distintas maniobras fuera de la ley para lograr posesión el mismo2, expresa un parte de prensa.
La nota indica que Vásquez Rodríguez incurre en la práctica a pesar de que desde el año 2019 se le notificó mediante acto de alguacil de los registros de dichos terrenos a favor de Rivera Cordero ante el CEA y junto a la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Inmobiliaria Original del Distrito Nacional, el Registro de Título del Distrito Nacional, la Dirección Regional de Mensura Catastrales, la Compañía DOCAR SRL.
Los representantes de Rivera Cordero llamaron a Burgos Gómez a que resolver lo antes posible dicha situación, tal y como lo ordena el decreto emitido por el Poder Ejecutivo 3625 a favor de su representado, y que este no termine siendo un caso más de violación a la seguridad jurídica del país, y en una tragedia entre particulares por la dilación o negligencia del Estado.
