Redacción (Agencias).- La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, ha abierto una investigación a los grandes gestores de pisos turísticos que administran centenares de estos inmuebles en distintas comunidades del país.
Se estima que podrían estar incurriendo en «prácticas engañosas» y en otras infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
En concreto, la investigación se centra en conductas que contengan información falsa o que pueda inducir a error a los destinatarios y que provoque que pueda alterar su comportamiento económico.
Como ejemplos, el Ministerio pone «afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario».
Se trata del tercer proceso en materia de vivienda que inicia el departamento liderado por el ministro Pablo Bustinduy, tras el proceso contra las inmobiliarias por realizar prácticas abusivas, como el cobro de comisiones a los inquilinos; y la investigación sobre plataformas que anuncian pisos turísticos sin licencia.
«Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares», manifestó.
Grandes gestores de pisos turísticos
El ministro declara reiteradamente que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que aquejan al país y llamó a poner freno a la especulación en el sector.
«No puede ser que haya instituciones en este país que reconozcan abiertamente que el 90 % de los pisos turísticos en su territorio operan ilegalmente y no hagan nada al respecto», ha dicho este jueves ante los medios Bustinduy, en un llamamiento a intervenir políticamente en este sector.
La proliferación de pisos turísticos supuso otro golpe más al ya maltrecho mercado del alquiler residencial, sobre todo en las grandes urbes y en los destinos vacacionales más frecuentados sobre todo por el turista internacional.
En la mayoría de los casos actúan sin licencia y contribuyen a encarecer una oferta, la del alquiler de largo plazo, que además cada vez es más reducida.
Por RT
