Santo Domingo (Rep. Dominicana).— El Gobierno creó el Servicio Nacional de Atención Residencial (Senar) como un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de la Presidencia (Mimpre) con el objetivo de fortalecer el sistema de protección a la infancia.
La instancia creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 676-26 para gestionar, operar y prestar programas de atención residencial para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección, asegurando un servicio oportuno, integral, especializado y enfocado estrictamente en el interés superior del menor y los principios de excepcionalidad y temporalidad.
De acuerdo con las disposiciones del decreto, la entidad desarrollará sus funciones en el marco de una delegación extrajerárquica e intersubjetiva acordada con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), entidad que mantendrá su papel como ente rector del Sistema Nacional de Protección y supervisor técnico del nuevo organismo.
El servicio operará bajo estrictos criterios de separación de perfiles —considerando edad, sexo, etapa de desarrollo, nivel de riesgo y necesidades específicas de salud física o mental— para garantizar una atención diferenciada y de alta calidad en los hogares de paso y centros residenciales.
Tendrá la responsabilidad de coordinar acciones estrechas con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud (SNS) para la atención integral, el tratamiento clínico y la habilitación psicosocial de los menores acogidos.
Servicio Nacional de Atención Residencial
Para asegurar su funcionamiento, la normativa establece la creación temporal de una Comisión de Transición e Implementación, integrada por representantes de los ministerios de la Presidencia —quien la coordinará—,de Administración Pública, Hacienda, Vivienda y Edificaciones, Justicia, Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Conani y la dirección ejecutiva del propio Senar.
La comisión tendrá la responsabilidad de diseñar la nueva red nacional de servicios residenciales y ejecutar un plan estratégico que contempla ampliar en al menos un 30 % la capacidad instalada del sistema de atención residencial para el año 2027.
La institución iniciará formalmente sus operaciones el 1 de enero de 2027, garantizando en todo momento la continuidad absoluta de los servicios existentes y la protección jurídica de los expedientes y del personal involucrado.
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