Santo Domingo (Rep. Dominicana). – Ciudadanos argentinos denunciaron el presunto uso de documentación irregular dentro de un proceso judicial que culminó con el embargo de sus cuentas bancarias, una situación que, según explicaron, les genera graves dificultades para cumplir con sus compromisos económicos y familiares.
El denunciante, Manuel Grisanty, sostuvo que en el proceso de cobro se utilizó una compulsa notarial que hacía constar la existencia de un pagaré, supuestamente registrado ante un ayuntamiento de la provincia La Altagracia.
Sin embargo, Grisanty explicó que, tras solicitar una certificación oficial a dicha institución municipal, esta estableció que el referido registro no aparece en sus archivos.
Al cuestionar la autenticidad y las circunstancias en que se instrumentó el acto notarial utilizado para sustentar el cobro, el afectado señaló que la medida les impide el pago de alquileres, gastos escolares y obligaciones comerciales.
Añadió que, aunque inicialmente se alegó que el documento buscaba ejercer presión sobre ellos, la actuación produjo consecuencias concretas y daños económicos que actualmente se encuentran cuantificando.
De acuerdo con las declaraciones, el proceso involucra a un abogado de la referida provincia, a quien vinculan además con actividades políticas y el ejercicio de una función pública.
Presunto uso de documentación irregular
Ante este escenario, Grisanty informó que depositará formalmente las certificaciones oficiales, documentos y otras evidencias ante el Ministerio Público y las autoridades correspondientes.
El objetivo de la acción legal es que se determine si hubo falsificación, uso de documentos irregulares o cualquier otra actuación contraria a la ley.
«Las autoridades deberán establecer si el pagaré utilizado como sustento del proceso existe, dónde se encuentra su original y si realmente fue registrado ante la institución señalada», planteó el denunciante.
Grisanty enfatizó que el caso trasciende una simple disputa entre particulares, debido al impacto directo sobre sus cuentas bancarias y las pérdidas económicas ocasionadas, por lo que pidió determinar las responsabilidades derivadas de las actuaciones denunciadas conforme al debido proceso.
