Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El analista Rolando Espinal plantea la necesidad de examinar con mayor rigor la forma en que se aplica la justicia frente a investigaciones que involucran recursos públicos y personas vinculadas a distintos sectores de poder.
Su consideración la basa en que entre 2019 y 2025, los principales actores, montos, acuerdos y señalamientos vinculados a distintos procesos de corrupción en República Dominicana se expusieron a través de medios tradicionales y plataformas digitales.
En un trabajo que el experto en una revista toma como referencia el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez y el expediente Medusa, investigación iniciada en 2021 que incluye señalamientos sobre presuntos pagos irregulares vinculados con la construcción de la cárcel de La Nueva Victoria, por montos que superarían los US$1.9 millones.
La acusación contempla presuntos delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos y lavado de activos.
El expediente también detalla operaciones relacionadas con trabajos de movimiento de tierra, empresas y empresarios señalados, así como presuntas comisiones por el suministro de materiales.
Necesidad de examinar con mayor rigor
En su escrito indicó que corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales conforme a las pruebas y al debido proceso.
La contrastar los señalamientos con otros acuerdos alcanzados por el Ministerio Público, entre ellos el suscrito con Lisandro Macarrulla Martínez, que contempló la devolución de más de RD$144 millones al Estado y una pena de tres años de reclusión bajo modalidad suspendida dice que se coloca en el centro del debate la utilización de acuerdos para combinar persecución penal y recuperación patrimonial, especialmente en investigaciones de alto impacto.
Para Espinal, la lucha contra la corrupción requiere criterios transparentes y consistentes que permitan preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
El analista concluye con una pregunta que trasciende el caso Medusa: ¿se aplica la justicia con el mismo rigor cuando los involucrados pertenecen a diferentes sectores de poder?
Para Espinal, la respuesta debe estar vinculada a tres principios fundamentales: igualdad ante la ley, transparencia y respeto al debido proceso.
