Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La organización Participación Ciudadana manifestó su rechazo a la nueva política de protección de datos, aprobada por el Poder Judicial como regla general.
A decir de la entidad no partidista, esa disposición permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física.
Indica que esto contribuirá a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción.
“Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción”, manifiesta el capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
Expresa que la Constitución establece claramente como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos.
Dice que esto no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal.
Recordó que el acceso a los expedientes de los casos judiciales no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión.
“Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía”, manifiesta la entidad en un parte de prensa.
“Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, decidirse a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales”, subraya.
Nueva política de protección de datos
La nueva normativa del Poder Judicial establece que la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, documento que se requiere para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre.
“Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza”, recuerda.
Participación Ciudadana expresa preocupación por que esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.
Llamó al Poder Judicial a retirar la normativa, por considerarla “un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad”.
“De manera especial, preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia”, manifiesta Participación Ciudadana.