Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La organización Cívica No partidista Participación Ciudadana consideró que el sistema de justicia fracasó una vez más en su lucha por reducir la impunidad, a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años.
La entidad basa su juicio en la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban por el caso de los sobornos por 92 millones de dólares de la empresa Odebrecht.
“Uno de los casos más grande de corrupción en nuestro país, que trascendió fronteras y nos llena de vergüenza ante la comunidad nacional e internacional, pues ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor”, dice en un parte de prensa.
Por la sentencia atribuye la mayor cuota de responsabilidad al ministerio público al recordar que en 2017 Miriam Germán Brito, actual procuradora general de la República y para entonces juez de la Suprema Corte de Justicia, del déficit probatorio de este caso.
“Pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo y, por el contrario, se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso”, recalcó.
Expresa que en ese viaje “era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces”.
Sistema de justicia fracasó
Consideró preocupante el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, ya que en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), “cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados”.
“Es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el ministerio público”, expresá la entidad.
Indicó que en dicho acuerdo la empresa se comprometió a devolver el doble de los 92 millones de dólares admitidos como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el ministerio público jamás reclamó su complimiento.
“Establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht”, apostilló.
Resaltó la importancia de entender que cuando un crimen se comete y los responsables no reciben castigo, se compromete la credibilidad del sistema de justicia, no solo del órgano del sistema responsable de la ausencia de castigo.
