Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) denuncia que el presidente del Poder Judicial Luis Henry Molina, tienen pretensiones de trasladar jueces, desde el departamento judicial de La Vega, para llenar vacantes en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Distrito Nacional y la Jurisdicción Inmobiliaria.
De acuerdo con el presidente de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, a los magistrados los trasladarían para cubrir la presidencia y coordinación de la jurisdicción civil de la Provincia Santo Domingo; Presidencia Corte Apelación de Niños Niñas y Adolescentes de la Provincia Santo Domingo y la presidencia Superior Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional.
En un parte de prensa explica que el Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional permanente de administración y disciplina del poder judicial, emitió la resolución No. 001-2021, que deroga y deja sin efecto la resolución No. 03-2019, que aprueba el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales, estableciendo los mecanismos y procedimientos para la construcción, funcionamiento y aplicación del escalafón judicial y la provisión de cargos de la carrera judicial, con sujeción a los principios que se derivan del artículo 150 de la Constitución Dominicana, la ley No. 327-98 de carrera judicial y la ley No. 28-11 Orgánica del Consejo del Poder Judicial.
Pretensiones de trasladar jueces
La organización basa su preocupación en el secretismo con el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya que sus acciones no son transparentes, contrario a lo que dispone la norma, como la publicidad, al igual que el artículo 2 del reglamento de la Ley de Carrera Judicial.
“Las intenciones del Consejo del Poder Judicial, de sustituir las plazas que desde hace ya dos años tenían que quedar vacantes, retiro obligatorio en razón de la edad, por las razones antes expresadas con traslado, resultan ilegales, puesto que la resolución tal como queda establecido lo prohíbe, por ende es contrario al debido proceso de ley y a la seguridad jurídica, por contradecir la resolución No. 001-2021”, planteó de la Rosa Tiburcio.
Recordó que los traslados los reglamentaron por resolución, para evitar, como ha sucedido en otras administraciones, que los traslados los usen como medio de presión o amenaza contra jueces que no quieren plegarse a caprichos malsanos de los superiores o por el contrario que estos mismos superiores llenan plazas vacantes con jueces que no les corresponde, desplazando a los que si les toca, como retaliación para someterlo a la obediencia para procurar asuntos totalmente ajenos a los fines de la justicia.
