Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Siete vinculados en hechos de corrupción administrativa admitieron la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra en el proceso judicial de la Operación Medusa, que tiene como principal implicado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual colaborarán con el proceso.
Pasadas las 9:00 de la noche el juez Martínez dispuso el aplazamiento de la audiencia para las 9:00 de la mañana del próximo 15 de marzo.
El Ministerio Público entregó un ejemplar de los acuerdos al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la audiencia preliminar, así como a la defensa técnica de los acusados.
El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso.
Vinculados a hechos de corrupción
Luego de los acuerdos, el Ministerio Público varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.
El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Al exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.
Además de Rodríguez Sánchez, el proceso se sigue contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.
El órgano persecutor también acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
