viernes, julio 10, 2026
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Jura abogado general de la Administración Pública

El jurista quedó designado mediante el Decreto núm. 419-26

Santo Domingo (Rep. Dominicana). –  En cumplimiento al Decreto núm. 419-26, del 19 de junio de 2026, juró como abogado general de la Administración Pública Jorge Herasme Rivas.

Con la jura ante el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, se cumplió con el mandato del presidente Luis Abinader.

Al tomar el juramento, Peralta Romero expresó la importancia de la nueva figura para el fortalecimiento institucional del Estado dominicano.

El ministro de Justicia recordó que anteriormente la Administración pública se encontraba en gran parte desprotegida ante procesos contenciosos presentados en su contra.

En sus primeras palabras, tras jurar, Herasme Rivas reiteró la visión expresó el honor que para él asumir la posición.

La Oficina del Abogado General de la Administración Pública nace de la reforma constitucional de 2024, mediante la cual se modificó el artículo 167 de la Constitución, transformando el anterior Procurador General Administrativo en esta nueva dependencia del Poder Ejecutivo.

Con la promulgación de la Ley núm. 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, la institución se organizó como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y se le atribuyeron las siguientes funciones:

  • •             Ser representante permanente de la Administración Pública ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
  • •             Coordinar la representación de los demás organismos del Estado ante la misma jurisdicción.
  • •             Asumir, a requerimiento, la representación de la Administración ante cualquier otra jurisdicción que no se encuentre reservada por ley al Ministerio Público u otra institución.

 La Ley núm. 80-25 contempla hasta cinco abogados adjuntos y un cuerpo de abogados ayudantes especializados. En este sentido, la ley también contempla la creación de una carrera especializada.

La relevancia de esta nueva institución radica en la concentración y especialización de la representación jurídica del Estado y la Administración Pública, así como la garantía de una defensa más técnica, coherente y unificada.

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