Santo Domingo (Rep. Dominicana). – El Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana identifica actividades políticas orientadas a abrir la campaña electoral de forma prematura.
La entidadno partidista advirtió que dichas acciones violan las normativas legales vigentes y distraen la atención de los funcionarios públicos en medio de las amenazas de una crisis económica global provocada por el alza en los precios del petróleo.
La organización cívica recordó que la legislación electoral dominicana establece con claridad los plazos para el actual ciclo político.
Indicó que la precampaña para las elecciones generales de 2028 no iniciará oficialmente hasta el primer domingo de julio de 2027, mientras que la campaña electoral formal comenzará con la proclama de la Junta Central Electoral (JCE), a más tardar 70 días antes de los comicios.
Participación Ciudadana enfatizó que cualquier acto proselitista a favor de aspirantes presidenciales, congresuales o municipales se encuentra estrictamente prohibido hasta el 25 de julio de 2027.
Ante este escenario, el movimiento respaldó el comunicado de advertencia que la JCE emitió el 20 de febrero de 2025, el cual prohíbe explícitamente las consultas previas o modalidades internas para definir precandidaturas.
También los anuncios públicos de aspiraciones en cualquiera de los niveles de elección, la publicación de encuestas electorales anticipadas (actualmente bajo un reglamento en consulta pública para evitar la pérdida de equidad en la contienda).
Orientadas a abrir la campaña electoral
Insistió en que la prohibición absoluta hasta julio de 2027 conlleva sanciones legales en el artículo 78, ordinal 8 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que estipula: «Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura».
Recuerda que la JCE es el órgano responsable de ejecutar dicha penalización.
Como medida de control, Participación Ciudadan comenzará a organizarse para documentar de manera rigurosa cualquier actividad que tipifique como campaña a destiempo.
Dijo que el objetivo final del levantamiento será reportar los hallazgos ante las autoridades competentes y la opinión pública para disuadir las violaciones a la ley.
