Redacción (Agencia).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, sufrió un segundo revés político y legal en 24 horas, al recomendar una comisión parlamentaria que analice la posibilidad de vacar (destituir) a la mandataria por permanente capacidad moral.
El informe de la Comisión de Fiscalización está referido a la investigación sobre el posible uso indebido del vehículo para, supuestamente, evitar la captura por problemas judiciales del líder del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la clandestinidad.
Planteó la comisión que el pleno del Congreso determine “si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de la vacancia de la presidenta por incapacidad moral permanente”.
También sugiere acciones civiles para la restitución de recursos que Boluarte habría gastado de manera indebida con el uso del automóvil, e iniciarle un proceso disciplinario que pueda incluir su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Sostiene que Boluarte habría hecho uso indebido del vehículo presidencial e incurrió en el delito de obstaculización de la justicia y de favorecimiento y encubrimiento a favor de Cerrón.
El informe lo presentaron al día siguiente de que el Poder Judicial rechazó el pedido de Boluarte de anular la denuncia constitucional en su contra por desactivar el equipo policial de apoyo a la Fiscalía contra la corrupción en altos niveles gubernamentales.
El juez que monitorea las investigaciones a Boluarte declaró en tal sentido infundada una tutela de derechos presentada por la defensa de la gobernante para anular actos de investigación reservados, como declaraciones aportadas por agentes encubiertos.
Comisión parlamentaria
De otro lado, a uno de los colaboradores más cercanos de Boluarte, Juan José Santiváñez, le impidieron salir del país en los próximos 18 meses, para garantizar su presencia en la etapa de investigaciones de acusaciones en su contra por el delito de tráfico de influencias.
Santiváñez habría cometido ese delito antes de ser ministro del Interior, cuando ejercía como abogado, según la acusación de un cliente que lo imputa de haberle pedido 20 mil dólares para conseguir mediante un soborno su absolución por el Tribunal Constitucional, la cual no recibió.
De otro lado, le Policía capturó a otro cliente de Santiváñez, el oficial de policía retirado Raúl Prado, quien seguía prófugo desde que, en 2022, cuando lo condenaron a 35 años de cárcel por encabezar un Escuadrón de la Muerte que asesinaba a mansalva a presuntos delincuentes y los reportaba como caídos en un enfrentamiento.
La afinidad entre Boluarte y Santivañez se evidencia en que, tras su censura por el Parlamento como titular del Interior del que lo echaron por una decisión parlamentaria, lo nombró como supervisor de la labor de los ministerios y le otorgó una oficina en el Palacio de Gobierno.
Por Prensa Latina
