Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional conocerá la demanda interpuesta por la compañía Eme Productions S.R.L, contra el Ministerio de Turismo, su titular David Collado y instituciones públicas y privadas por alegadamente incurrir en violación a la Ley 65-00 de Derecho de Autor
Los peticionarios acusan a los demandados del uso no autorizado de las obras Marca País, denominadas «Aquí PROMOVEMOS el País y República Dominicana: Un País Especial (Historia, Turismo y Cultura)», de la autoría de la compañía querellante. La audiencia está fijada para el próximo día 4 de diciembre.
En el expediente se encarta, además, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Centro de Exportación de Inversión de República Dominicana (CEI-RD), actualmente Prodominicana, la empresa Made in Spain S.R.L y a los miembros de la Comisión Multisectorial creada por el Decreto No. 466/2020, por mutilar parte de un proyecto registrado desde hace más de 15 años en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, entre 2005 y 2012.
Explicaron que, tras ser notificados los funcionarios involucrados, las instituciones demandadas iniciaron el retiro de la publicidad ejecutada tanto en el mercado local como internacional, acción que según indicó afecta la imagen de la República Dominicana.
Francisco Morillo, presidente de la empresa Eme Productions S.R.L y creador de las obras, advirtió que la demanda en curso podría acarrear graves consecuencias para el país, ya que la justicia dominicana aplicará sanciones debido a las mutilaciones de las dos obras, cuya inversión es considerable, tanto en recursos financieros como en humanos, incluyendo artistas, artesanos, creativos, camarógrafos y editores que participaron en su realización.
Violación a la Ley 65-00
«Cómo un país que promociona la seguridad jurídica, como uno de sus principales atractivos para la inversión extranjera, pueda estar involucrado en esta flagrante violación a la Ley 65-00, en perjuicio de la creatividad, la profesionalidad y reputación de una empresa» deploró.
Morillo indicó que agotó todos los plazos establecidos, siendo la última notificación la enviada el 24 de enero de este año, otorgando un límite para llegar a acuerdos antes de recurrir a los tribunales.
«Pero esto no produjo ninguna reacción y en consecuencia. Lo que suceda de ahora en adelante será responsabilidad exclusiva de las autoridades del sector turístico, con las posibles repercusiones que este proceso judicial pueda tener para el país» advirtió.
Agregó que también el sector privado tiene responsabilidad en este caso por respaldar las infracciones sobre la violación a la Ley 65-00 de Derechos de Autor, por lo que también deberá comparecer ante los tribunales para responder por sus acciones en este proceso.
Indicó que, de ser necesario, acudirán ante los organismos internacionales correspondientes para demostrar que el país, sin necesidad alguna, recurrió al plagio, el engaño y la corrupción para promoverse y crecer.
Denunciaron que, a pesar de la inexistencia de la empresa Made in Spain S.R.L. y de no contar con domicilio, la contrataron por el pasado ministro de Turismo, Francisco Javier García y el actual, David Collado.