Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El Senado de la República recibió un proyecto de ley para la fusión de los ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) y Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Antoliano Peralta Romero explicó que la iniciativa que impulsa la reorganización del Sistema Educativo Nacional para que el Minerd asuma la rectoría en todos sus niveles mediante la integración orgánica de ambas instituciones.
Destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.
La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos, respetando la autonomía universitaria, expresa un parte de prensa oficial.
“Con el depósito de esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una educación más moderna, articulada y orientada a resultados, en beneficio del desarrollo humano, científico y productivo de la República Dominicana”, dice la nota.
Proyecto de ley para la fusión
Entre las principales novedades del proyecto se destaca la supresión del Mescyt, transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias y la creación del Consejo Consultivo de Educación, un órgano de carácter consultivo encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de políticas educativas.
También la actualización de la estructura orgánica del Minerd, consolidando viceministerios y funciones orientadas a servicios operativos, gestión territorial, fortalecimiento del sector educativo, educación superior y aseguramiento de la calidad y la implementación de un proceso transitorio ordenado, que incluye reubicación de personal, transferencia de activos, adecuación presupuestaria y elaboración del nuevo Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio.
Además, la declaración de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de educación preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.
