Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Participación Ciudadana expresó preocupación ante la crisis persistente del sector eléctrico nacional, producto de la cual desde agosto a la fecha, el país sufrió apagones de hasta 12 horas diarias, convirtiendo este verano en un infierno para las familias y la economía popular, generando daños cuantiosos y protestas generalizadas.
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional se quejó de que a pesar de inversiones superiores a RD$2,000 millones en subestaciones y las promesas oficiales de resolver el problema antes de finales de 2025, la realidad refleja un deterioro estructural persistente.
La organización cívica expresa que el sector eléctrico dominicano enfrenta una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero ya que, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025, el Gobierno dominicano destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico.
Dice que esa cifra representa alrededor del 60 % de los subsidios estatales ejecutados en este período y la misma supera las inversiones en sectores estratégicos como salud y programas sociales.
Critica que, a pesar de este esfuerzo fiscal masivo, las pérdidas de energía se incrementaron de 36.9 % en 2024 a 37.6 % en 2025, lo que significa que por cada RD$100 invertidos, cerca de RD$38 se pierden debido a fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas.
Trajo a colación que a septiembre de 2024, el Ministerio de Energía y Minas reportó más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (Seni), equivalentes al 25 % de los clientes formales.
“Aunque al mes de agosto de 2025 esta cifra descendió a 650,000, el número sigue siendo alarmante y representa una de las principales fuentes de pérdidas del sistema”, expresó Participación ciudadana.
Crisis persistente del sector eléctrico
A decir de la entidad, la persistencia cíclica de la crisis eléctrica se debe, además, a la inmensidad de los fraudes en el consumo, tanto de una parte de la población como también de sectores poderosos; la incapacidad de facturar lo servido y fallas graves en los sistemas de control interno, la gobernanza y la transparencia de las empresas distribuidoras de electricidad (Edes).
“El impacto de estas irregularidades se refleja con crudeza en las cifras oficiales: entre enero y mayo de 2025, las Edes registraron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico”, apuntó.
Advertimos que el reciente Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, debe aplicarse con estrictos controles institucionales.
“La experiencia nacional demuestra que los estados de excepción y las compras de urgencia, si no son acompañados de transparencia y fiscalización independiente, han sido históricamente terreno fértil para el despilfarro y la corrupción”, recuerdas.
Exhorta al Gobierno y a los organismos de control a garantizar que esta disposición no se convierta en un nuevo canal de privilegios indebidos y sobrevaluaciones en perjuicio de la ciudadanía.
