Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Organizaciones de la izquierda dominicanas se suman a la que denominan campaña de repudio nacional contra el Código Penal recientemente aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el presidente Luis Abinader.
Los partidos Comunista del Trabajo (PCT) y Patria Para Todos y Todas (PPT); los movimientos Caamañista (MC), Popular Dominicano (MPD), la Fuerza de la Revolución (FR), y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) consideraron que el texto convertido en ley facilita y refuerza la impunidad de la corrupción y otros delitos.
Al hablar en rueda de prensa en nombre de las organizaciones, Luz Enedia Mejía dijo que las entidades se unen a la realización de una intensa campaña nacional que impida la aplicación de este abuso de poder.
“Llamamos a iniciar esta campaña con dos iniciativas puntuales: dos cacerolazos de carácter nacional, en honor a la Restauración de la República y a la defensa de la dignidad de la Patria, uno el 15 de agosto, a las ocho de la noche y el otro el 16 de agosto a la misma hora, durante diez minutos ambos días”, destacó Mejía.
Resaltó que el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente Luis Abinader, merece un contundente repudio nacional e instó a “¡Que durante diez minutos truene los calderos en todo el país los días 15 y 18 de agosto a partir de las 8:00 de la noche!”.
La vocera de los grupos indicó que el promulgado Código Penal le quita responsabilidad penal al Estado (Gobierno, Congreso, Alcaldías, Distritos Municipales), a las iglesias y partidos políticos; impone censuras inaceptables y criminaliza las protestas.
“Además, excluye las tres causales y castiga la interrupción del embarazo en casos excepcionales, reduce las penas contra la violencia machista, desconoce derechos fundamentales de las mujeres y del pueblo, así como protege el maltrato a niños y niñas”, sostuvo al leer el comunicado.
Campaña de repudio nacional
Las entidades sostienen que el promulgado Código Penal refuerza el despotismo al extremo de imponer hasta 30 años de prisión por el envío de documentos o información a cualquier institución extranjera y de establecer pena de un año de prisión a quien “insulte a un funcionario público, o lo amenace, o le envíe escritos, imágenes”, o “haga gestos” de carácter contrario a su dignidad personal y funciones”, lo que calificaron como una “¡Barbaridad!”.
«Nos quieren imponer un código de la caverna disfrazado de moderno. Un Código Penal portador de retrocesos en derechos fundamentales inalienables», puntualizó Mejía.
El documento lo firmaron Manuel Salazar, por el PCT; Narciso Isa Conde y Raúl Guerrero del MC, Melanio Ferreira y José Ramos del MPD, Juan Santana y Malen Campusano del PPT, Neftalí Solís y Manuel Colón, por la FR y Carlos Féliz y Luis Emilio González del RID.
