Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra tres acusados en la denominada Operación Camaleón que deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.
Quienes cumplirán esta medida de coerción serán Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S. y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
La jueza Fátima Veloz dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, cumpla arresto domiciliario; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
A los acusados Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas, se les impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
La magistrada Veloz también admitió el pedimento del Ministerio Público de declarar el caso complejo y fijó la revisión obligatoria de las medidas para el 9 de enero de 2025.
Acusados en Operación Camaleón
A los imputados se les acusa de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405.Acusados en Operación Camaleón
También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
