Redacción (Agencias).- Sacerdotes argentinos realizarán huelga de hambre y se sumarán así a otros sectores que protestan contra la retención de alimentos por parte del Gobierno del presidente Javier Milei.
El cura Francisco Olvera, reconocido por su activismo social, dijo en un comunicado que los religiosos aparte de la acción, convocan a representantes de otros credos a reunirse en una celebración ecuménica en la puerta de los depósitos, donde están almacenados cinco mil toneladas de alimentos que tienen como destino los comedores sociales.
“Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer”, declaró el sacerdote, quien dijo que los alimentos en cuestión incluyen yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harina de trigo y maíz, y arroz con carne.
Aparte de esta decisión, días atrás el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, y el obispo de la localidad de San Justo, Eduardo García, pidieron al Ejecutivo la entrega de los nutrientes guardados.
Los suministros están destinados a los 45 mil comedores populares del país, los cuales atienden diariamente a personas de todas las edades en situaciones de vulnerabilidad.
En esta jornada, el Frente de Organizaciones en Lucha realizó una manifestación frente a almacenes de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra parte de las cinco mil toneladas de alimentos.
Sacerdotes argentinos realizarán huelga
Bajo el lema Milei es hambre, integrantes de agrupaciones como la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán y la Central de Trabajadores exigirán la entrega de los productos que están allí y en Tafí Viejo, en Tucumán.
El lunes, el juez federal Sebastián Casanello ordenó a Capital Humano presentar un informe con la cantidad de alimentos que mantiene en esas locaciones y un plan de distribución inmediato.
Casanello le dio un plazo de 72 horas a esa cartera del Estado, dirigida por Sandra Pettovello, e indicó tener en cuenta las fechas de vencimiento y los tipos de artículos para su repartición.
Sin embargo, el Gobierno apeló por considerar que “no es una cuestión de índole judicial, sino de política pública”.
Por Prensa Latina
