Redacción (Agencias).- Activistas en República Dominicana protestaron contra un proyecto de ley para un nuevo código penal que mantendría la prohibición total del aborto en el país.
El Senado dominicano dio su aprobación inicial al proyecto de ley a finales de junio y se espera que los legisladores le den la aprobación final en los próximos días.
«Seguimos luchando», dijo la activista feminista Sergia Galván, quien junto a otras manifestantes han pedido el aborto legal cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando un embarazo es producto de una violación o incesto, y en casos de malformación fetal incompatible con la vida.
La República Dominicana es una de las cuatro naciones latinoamericanas que penaliza el aborto sin excepciones. Las mujeres se enfrentan a penas de hasta 2 años de prisión por abortar, mientras que las penas para los médicos o parteras oscilan entre los 5 y los 20 años.
Además de mantener la prohibición total del aborto, el nuevo código penal también reduciría las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y excluiría la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, que afectan a la comunidad LGBTQ+.
Nuevo código penal pone en peligro vidas
Los activistas por el derecho al aborto dicen que la prohibición total del aborto en el país no solo restringe las opciones reproductivas de las mujeres, sino que también pone en peligro sus vidas.
«Queremos un Código (penal) que respete a las mujeres y las niñas, que les permita decidir», dijo Nicole Pichardo, líder de un partido político minoritario, que estuvo en la protesta.
«El Código Penal que aprobó el Senado no nos representa», dijo Rosalba Díaz, de la Comunidad Lésbica Inclusiva Dominicana. «¿Y qué significa esto? Que ahora, las personas que tienen una orientación sexual diferente, o identidad de género, estarán en riesgo de enfrentar una discriminación constante».
El presidente Luis Abinader, quien ganó un segundo mandato en mayo pasado, sugirió a los activistas del aborto que estaría dispuesto a apoyar la despenalización, pero después de ganar ambas elecciones se retractó.
«Las organizaciones de mujeres se reunieron con él y nos dijo que estaba de acuerdo con las tres excepciones», dijo Galván. «Pero fue un engaño a los ciudadanos, a las mujeres y a la gente».
Los dominicanos también han expresado su preocupación por los cambios no relacionados con el aborto en el nuevo código penal.
Uno de sus artículos, por ejemplo, eximiría de responsabilidad penal a las iglesias, lo que según activistas como Galván podría dejar impunes los abusos sexuales, el lavado de dinero o los encubrimientos por parte de líderes religiosos.
Por VOA
