Caso de la niña la menor Brianna Genao González, desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata y donde su tío y un primo segundo, Reyes Núñez Rosario, de 43 años y Rafael Núñez Rosario, conocido como “Papito”, de 52, quienes alegadamente confesaron su implicación en el crimen, mediante interceptación telefónica, en la cual admitieron los hechos a un familiar, indicando que el cuerpo de la menor lo desaparecieron y que “sin cuerpo no hay delito”.
Entrevistado por periodistas de este medio, sobre la posibilidad que tienen los familiares de una persona desaparecida, con serias evidencias de muerte por homicidio intencional, culposo y aun por un homicidio involuntario, de procesar antes los tribunales a quienes se les impute el hecho, el abogado Cesar Amadeo Peralta nos aclaró diciendo, que “claro que sí”, existen varios precedentes en la justicia dominicana de condenas de hasta 30 años de prisión sin la existencia material del cadáver.
El acto de causarle la muerte a otra persona muchas veces lleva al autor a intentar encubrir el crimen hasta ocultándolo o desapareciéndolo, Peralta recordó que la ley 136-80 de fecha 23 de mayo del año 1980, que declara obligatoria la práctica de la autopsia judicial en la instrucción preparatoria del proceso penal por homicidio, tiene una excepción en su párrafo único, cuando establece que:
Párrafo: Cuando la autopsia no pudiese ser practicada por alguna causa, el funcionario encargado de ordenarla, dictará al efecto Auto motivado dentro de las 72 horas del apoderamiento.
Explicó también que el artículo 9 de la misma ley 136-80, establece que no podrá hacerse la autopsia de un cadáver sin la previa certificación de la muerte expedida por el Médico Legista, luego de este funcionario emplear los procedimientos habituales para asegurar su realidad.
Brianna Genao González
Lo que refuerza nuestro criterio jurídico amparado en la ley, de que no es obligatorio la existencia de una autopsia sobre un cuerpo desaparecido de una víctima, ni tampoco es obligatorio poseer un certificado de muerte expedido por el medico legista, porque ninguno de los dos pudo ver el cadáver, y por tanto la ley le permite al Ministerio Publico dictar un “Auto motivado”, de las causas, circunstancias y hechos que impiden la realización de la autopsia, y del levantamiento del certificado de defunción, lo que legaliza el proceso penal, más aun si se basa y sustenta en otras múltiples pruebas, ya que de no ser así eso le permitiría a los grandes criminales salirse con las suyas desapareciendo cuerpos.
El abogado Amadeo Peralta aclaró, que la primera condena sin cadáver la pronunció el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Monseñor Nouel, el 5 de mayo de 2017, donde se condenó a 30 años de reclusión mayor cinco acusados por secuestro y desaparición de un ciudadano cuyo cadáver nunca lo hallaron pero todos los indicios, pruebas y testimonios y declaratorias de culpabilidad llevaron el tribunal a producir esta sentencia.
La segunda condena sin cadáver se pronunció contra los acusados Ana Luisa Villanueva, Teodoro Santos y Julio César Herrera, el día 25 de junio de 1991, por la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual confirmó en su totalidad por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo en fecha 19 de junio de 1997 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia, confirmando el criterio sostenido por los tribunales de primer y segundo grado.
Brianna Genao González
Peralta recordó que la tercera condena sin cadáver a 30 años de reclusión mayor la pronunció en febrero del año 2020, el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de Miguel Ángel Jorge Cruz alias (Miguelito el Sicario) por un caso de asesinato en el cual el cadáver de la víctima no lo hallaron, sentando de esta manera un importantísimo precedente para el órgano acusador en materia de crimen organizado, aunque posteriormente la Corte de Apelación ordeno la celebración de un nuevo juicio y no se en que paro ese caso.
Dijo que, durante este juicio, el Ministerio Público comprobó ante el Cuarto Tribunal Colegiado, que el hoy condenado incurrió en la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Procesal Penal Dominicano que tipifica el asesinato y el sicariato como un delito muy grave.
El expediente acusatorio narra que el condenado Miguel Ángel Jorge alias (Miguelito El Sicario) y la víctima Ramón Adolfo Rodríguez Castillo acordaron reunirse en una estación de combustible, la tarde del 27 de junio 2017, fecha en que el acusado según el expediente asesinó y desapreció el cuerpo de la víctima y al mismo lo condenaron luego de un proceso investigativo que incluyó el análisis de inteligencia electrónica, recolección de pruebas testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, a través de las cuales se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue junto al acusado, además de que el incendio de su vehículo lo provocaron y que Miguelito el Sicario estaba en el lugar del hecho, lo que confirma su culpabilidad.
Brianna Genao González
Peralta sostuvo que hay casos en los cuales los imputados confiesan el crimen o los testigos narran los hechos y señalan como fue que los autores cometieron el crimen y la ley no exige de manera obligatoria la presencia del cuerpo del delito, tampoco el dictamen forense de la muerte de la víctima y esos casos son posibles en el ámbito del crimen organizado, puesto que pueden acreditarse a través de otros medios de prueba, como testigos, cámaras de videos y presunciones lógicas de hechos que resulten creíbles, como el hecho de que la víctima y el imputado salieron juntos y solos y pudiera haberla lanzado a la profundidad del mar o de algún rio caudaloso, o lanzada a las fauces de animales carnívoros feroces como es el caso de personas que tienen cocodrilos, leones, hipopótamos y otros que pueden devorar un cuerpo y dejar muy pocos rastros, hay personas que viven en lugares aislados sin vecinos cercanos y existen otras desapariciones en las cuales puede haber homicidios y desapariciones en incendios a muy elevadas temperaturas o en alta mar y otras circunstancias incontrolables.
Peralta recordó otro caso emblemático del comerciante Ramón Sánchez (alias Monso), de 85 años desaparecido desde el 27 noviembre del 2013 sin que exista ningún rastro del mismo hasta la fecha, cuando lo raptaron en su casa de Villa Trina, Moca, donde a cinco hombres los condenaron a 30 años de reclusión mayor por su muerte y desaparición incluido un hijo del comerciante desaparecido
Brianna Genao González
También lo condenaron a 30 años de reclusión mayor el caso del Panadero Esterlín Francisco Santos, a quien acusaron de secuestrar, violar sexualmente, asesinar y desaparecer el cuerpo de la niña Liz María Sánchez, de 9 años de edad, en un hecho que se produjo en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, donde el Ministerio Publico tenía como evidencia los videos de la niña mientras entraba al callejón donde residía el imputado y posteriormente el video donde el panadero salía en su motor con un saco de nylon amarrado en la parte trasera de su motor en donde se presumía que llevaba el cadáver de la niña y el mismo durante su arresto e interrogatorio por las autoridades competentes, tras su perfil sospechoso, el hoy condenado admitió haber violado sexualmente a la menor edad, a la que luego estranguló y metió su cadáver con piedras dentro de un saco se dirigió al mar Caribe y próximo al Kilómetro 14 de la Autopista Las Américas, se acercó a los arrecifes y lanzó el saco a las aguas del mar. El cadáver de la niña aún no lo pueden localizar.
Peralta concluyo que cada caso tiene su particularidad especial pero que en casos similares a estos, en el que se desapareció el cadáver de la víctima, sin que se pueda hallar, tienen jurisprudencias más notorias y seguidas en otros países como España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, logrando que se dicten sentencias para que a los culpables se les condene.
Por Cesar Amadeo Peralta, abogado
