En el marco de un Estado de derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, un principio fundamental que garantiza la equidad y la justicia en la aplicación de normas y regulaciones.
Sin embargo, en tiempos de campañas políticas, este principio puede ser desafiado por las acciones de los partidos políticos y sus candidatos, quienes deben asegurarse de que sus actividades se alineen con las leyes vigentes.
Recientemente, se llevó a cabo una marcha caravana organizada por un partido político y un precandidato a la Presidencia de la República.
Este evento, que algunos pueden considerar como una manifestación legítima de apoyo, plantea interrogantes sobre su legalidad y su alineación con el ejercicio de derechos constitucionales.
La naturaleza de esta actividad es importante para determinar si se enmarca dentro de los derechos fundamentales de los ciudadanos o si transgrede las normativas establecidas.
Uno de los principios más relevantes en este contexto es la *igualdad ante la ley*. Este principio establece que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones, lo que implica que cualquier actividad política, incluida una marcha, debe respetar este principio y no favorecer a un grupo sobre otro.
La equidad es esencial para mantener la credibilidad del proceso electoral y la confianza del electorado.
Ciudadanos son iguales ante la ley
El *derecho a la protesta* es otro aspecto fundamental que debe considerarse. La Constitución garantiza la libre expresión y la manifestación, pero este derecho no es absoluto y debe ejercerse dentro de los límites de la ley.
Las marchas y manifestaciones deben ser organizadas de manera que no interfieran con el orden público ni infrinjan otras regulaciones legales, especialmente en períodos de campaña electoral.
Durante estos períodos, existen regulaciones específicas que limitan ciertas actividades para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Esto incluye restricciones sobre el uso de recursos públicos y la realización de eventos que puedan influir en el electorado. Por lo tanto, la legalidad de la marcha caravana depende en gran medida de si se ajustó a estas normativas y si se presentó como una actividad de campaña legítima.
Desde el punto de vista legal, es importante preguntarse: ¿Es legal la caravana?* Si la actividad se realizó dentro de los límites establecidos por la Junta Central Electoral (JCE) y no violó sus regulaciones, podría considerarse legal.
Sin embargo, si se disfrazó de protesta cívica para eludir estas normativas, esto podría constituir una violación de la ley, lo que podría acarrear consecuencias significativas para el partido político involucrado.
Finalmente, es esencial que todos los actores políticos respeten los principios de igualdad y legalidad. La marcha caravana, aunque puede ser una expresión legítima de apoyo, debe llevarse a cabo dentro del marco legal establecido para evitar conflictos y garantizar un proceso electoral justo.
La JCE tiene la responsabilidad de evaluar la situación y asegurar que se respeten las normativas electorales, promoviendo así un diálogo abierto y respetuoso sobre los derechos y deberes de los partidos políticos y sus candidatos.
Por Felix Aguilera
Abogado, especialista en Derecho Penal, técnico electoral, criminalista y criminología.
Puede contacarlo en [email protected]
