La República Dominicana enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad vial según datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), en 2022 se registraron 2,921 muertes por accidentes de tránsito, lo que equivale a una tasa de mortalidad de 27.5 por cada 100,000 habitantes.
Ocupando los primeros lugares en el mundo por muertes por esta causa, situación que se repite cada año y no parece que estemos tomando las medidas necesarias para cambiar este panorama que es complejo, pero que otros países lo han superado, incluidos países con mayor población que nuestro país y más vehículos en circulación.
Hemos visto en los últimos días un activismo desde la dirección del Intrant, para que se modifique la Ley 63-17de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
Según los datos publicados por el observatorio permanente de seguridad vial, la frecuencia de muertes por accidentes de tránsito varía notablemente entre las diferentes provincias del país.
Las provincias con mayor número de fallecimientos en 2023 fueron: Santo Domingo: 258 muertes, San Cristóbal: 162 muertes, La Altagracia: 151 muertes, La Vega: 133 muertes, Santiago: 121 muertes.
Estas cifras resaltan la necesidad de intervenciones focalizadas en estas demarcaciones para abordar las causas específicas que contribuyen a la alta siniestralidad.
Un análisis detallado revela que el 70% de las muertes por accidentes de tránsito involucran a motociclistas, siendo los jóvenes de entre 15 y 35 años los más afectados.
Este dato subraya la vulnerabilidad de este grupo poblacional y la urgencia de implementar medidas específicas para su protección.
Materia de seguridad vial
Así mismo en la mayoría de las situaciones de accidentes que involucran vehículos de motor se ha comprobado el consumo de bebidas alcohólicas.
La solución y/o mitigación del impacto de los accidentes de transito sobre la mortalidad y sobre la economía o financiamiento del sector salud, implica acciones integrales y focalizadas donde intervengan los agentes públicos, privados y la comunidad en general, estas acciones deben de estar orientadas a Reducción de Límites de Velocidad: Ajustar los límites de velocidad en avenidas, calles, túneles y elevados conforme a estándares internacionales.
Esta medida, acompañada de una vigilancia continua por parte de patrullas, busca disminuir la gravedad de los accidentes.
Educación Vial: Implementar programas educativos dirigidos a conductores, especialmente motociclistas y jóvenes, para fomentar prácticas de conducción seguras y el respeto por las normas de tránsito.
Mejora de la Infraestructura Vial: Identificar y corregir puntos críticos en las vías que presenten alta incidencia de accidentes, garantizando condiciones óptimas de seguridad para todos los usuarios.
Fortalecimiento de la Legislación y su Aplicación: Asegurar el cumplimiento estricto de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con sanciones efectivas para las infracciones, especialmente aquellas relacionadas con el consumo de alcohol y las carreras clandestinas.
Promoción del Uso de Equipos de Protección: Fomentar el uso obligatorio de cascos certificados para motociclistas y cinturones de seguridad para todos los ocupantes de vehículos.
Materia de seguridad vial
¿Por dónde iniciar ese plan integral? Nosotros proponemos iniciar por el fortalecimiento de la legislación y su aplicación, sobre todo su aplicación, durante años nos hemos obviado el cumplimiento riguroso de la legislación y nos hemos convertido en una sociedad incumplidora de la Ley, incluidos los que deben hacerla cumplir a diario vemos circulando agentes del orden publico y militares en motocicletas sin protección.
Ese endurecimiento y cumplimiento implicaría un sistema de multas de precio elevado, aunque en principio sea una medida anti pueblo o impopular, seguido de esto pues promover la educación vial a todos los niveles, escuelas, universidades, lugares de trabajo.
La reducción de la siniestralidad vial en la República Dominicana requiere un enfoque integral que combine la educación, la infraestructura adecuada, la legislación efectiva y la concienciación ciudadana.
La implementación coherente y sostenida de estas estrategias es esencial para proteger la vida de los ciudadanos y promover una cultura de seguridad vial en el país.
Desde un decanato de la facultad de ciencias de la salud estaríamos promoviendo el estudio permanente de la evolución de esta situación que afecta la sociedad dominicana y la salud del pueblo dominicano, promoveríamos en diferentes escenarios la educación vial y acompañaríamos las instancias publicas responsables de la implementación de políticas publica orientadas al control y prevención de los accidentes de tránsito.
Por Rafael Montero
Profesor de la Escuela de Salud Pública/UASD
Candidato al Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud
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