Es fundamental para la clase política dominicana escuchar y trabajar en conjunto con las universidades para lograr objetivos palpables que mejoren las condiciones de vida en lo económico y social en este país que tiene un potencial enorme pero con ciertos grilletes para avanzar.
El crecimiento de la economía dominicana es evidente, pero lamentablemente estamos muy preocupados porque observamos una falta de visión, planificación y fiscalización eficiente. Como destino turístico en esta zona geográfica del Caribe, tenemos el reto de mejorar nuestras deficiencias.
La falta de visión, planificación y fiscalización eficiente se evidencia en la pérdida de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos, como poder caminar por aceras adecuadas sin obstáculos instalados o permitidos por los organismos reguladores municipales o del gobierno central.
La preocupación es válida por parte de los centros de pensamiento, representados por sus técnicos, profesionales y especialistas en diferentes áreas que pueden contribuir al crecimiento económico y social, pero lo más importante es fomentar la conciencia ciudadana.
República Dominicana es un destino turístico por la calidez de su gente, la calidad competitiva de sus instalaciones hoteleras y la diversidad de sus ofertas entre montañas, playas, ríos y una gastronomía acompañada por ritmos tropicales como el merengue y la bachata, que se bailan y escuchan a nivel mundial.
Sin embargo, la indiferencia es una realidad por parte de regidores, alcaldes y organismos reguladores, quienes no asumen las funciones que los ciudadanos dominicanos, como votantes, depositaron en las urnas. Esta responsabilidad es crucial para provocar cambios reales y duraderos en el tiempo, pero podemos afirmar que no ocurre cuando dejamos de escuchar a la academia y a los ciudadanos.
La iniciativa Santo Domingo 2000, que comenzó en 1974 con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, presentó propuestas para lograr avances en la planificación y desarrollo integral. Al acercarnos a la culminación de este año 2024, observamos una indiferencia por parte de la clase política dominicana, ya que no sentimos la aplicación de políticas públicas, sino más bien un deterioro de los servicios públicos y un desorden urbanístico.
Universidades para lograr objetivos palpables
República Dominicana tiene leyes, pero lamentablemente los organismos reguladores no tienen interés en hacerlas cumplir. Aun así, mantenemos la esperanza de que se logre despertar, para que mis ojos, llenos de lágrimas y frustración, no sean testigos de la pérdida de la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos, y de que los extranjeros que nos visitan sientan orgullo, en lugar de conocer solo los hoteles de Punta Cana.
En mis escritos anteriores, hemos expuesto problemáticas en diferentes formas, así como propuestas presentadas por académicos, especialistas y ciudadanos organizados en juntas de vecinos. También hemos denunciado abusos en los medios de comunicación que los funcionarios públicos están en el deber de atender y resolver.
Es imperativo escuchar a urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, abogados y activistas sociales, ciudadanos y organizaciones que promueven tertulias y seminarios para hacer entender a los dirigentes políticos así como funcionarios públicos para aplicar planes de ordenamientos territorial según las necesidades de cada región. Solo así podremos construir una ciudad amigable en todos sus aspectos.
A 50 años de esta iniciativa Santo Domingo 2000 de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, estamos muy lejos de aplaudir los resultados, ya que, aunque hemos escuchado a arquitectos como Cristóbal Valdez, Gustavo Valdez, Marcos Barinas y Omar Rancier, así como al abogado Marino Tejada, hemos hablado mucho, pero poco se ha hecho para aplicar políticas que conecten con los sectores y con los ciudadanos que caminan por aceras ocupadas por obstáculos.
En nuestro país, aunque tenemos crecimiento económico y social, estamos perdiendo derechos fundamentales como ciudadanos dominicanos.
Esto lo comprobamos simplemente al salir a caminar o al preguntar sobre las experiencias de nuestras amistades o personas que han tenido la oportunidad de conocer otros países, donde se pueden garantizar servicios básicos.
En cambio, seguimos atrapados en un laberinto de desorden urbanístico y en la falta de protección de la propiedad privada en nuestro país.
