Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El viceministro de Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía resaltó los beneficios de la consolidación de las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Antonio Palma Larancuent indicó que en los próximos 30 días a la conformación de la mesa se establecen soluciones a las problemáticas planteadas en articulaciones acordadas entre las instituciones en el territorio a impactar.
“Es nuestra misión y del Ministerio recibir todos los reclamos ciudadanos y dar charlas en todo el territorio nacional en temas tópicos en seguridad ciudadana”, explicó el coordinador de los espacios de articulación con la ciudadanía.
Resaltó que, por instrucciones de la ministra, Faride Raful, llegaron a 140 municipios con acciones en beneficio de la convivencia ciudadana en las cuales juegan un papal de primer orden Wendy Zapata del Rosario, directora de Recepción y Seguimiento de Denuncias y Luis Bello, director de Convivencia y Cultura Pacífica del Ministerio.
“Llevamos las soluciones directas y que permiten, de alguna manera, salir de un elemento esencial que es la pobreza”, explicó Palma Larancuent.
Beneficios de la consolidación de las Mesas de Seguridad
El viceministro dijo que como parte de las intervenciones junto con el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), del Gabinete de Coordinación de Política Social, realizan levantamientos para determinar las necesidades de tarjetas Supérate y afiliaciones al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
“Nosotros estamos llegando donde nos están necesitando y ahí podemos citar Villas Agrícolas, Capotillo y la Zurza, sectores en los cuales estamos actualmente con una intervención integral”, planteó el viceministro.
Las Mesas de Seguridad, Ciudadanía y Género son espacios de diálogo intersectorial, impulsados por el Ministerio de Interior y Policía, que articulan acciones entre gobierno y comunidades para prevenir la criminalidad, la violencia de género e intrafamiliar, y mejorar la convivencia pacífica.
Operan en más de 140 municipios para ejecutar soluciones concretas con el objetivo de gestionar y ejecutar políticas públicas de seguridad, enfocándose en la prevención de la violencia, la reducción de la criminalidad y la promoción de una cultura de paz.
