Santo Domingo (Rep. Dominicana).— “El panorama ambiental dominicano luce muy nublado por la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir los mandatos de la Ley que lo creó”, afirmó la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo.
Al presentar el informe titulado “Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano” definió como un colapso del sistema de protección ambiental en el país, producto de incapacidad institucional, permisividad, opacidad administrativa y un creciente riesgo al patrimonio natural de la nación.
El titular organismo de la entidad política, Paino Abreu, afirmó que la institución está fallando en su rol constitucional de protección y dejando sin respuesta situaciones que comprometen ecosistemas estratégicos.
Abreu inició la presentación del documento abordando lo que calificó como el “primer nubarrón”: la permisología ambiental.
Recordó que el Ministerio anunció como logro la emisión de 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, pero posteriormente admitió que más del 60 % corresponden a certificaciones de impacto mínimo.
“Todavía quedan más de 2,500 autorizaciones que no se sabe si son licencias, permisos o constancias ambientales, cada una de las cuales conlleva requerimientos según su impacto”, señaló al advertir que sobre las mismas no existe claridad pública respecto a su naturaleza jurídica.
Indicó que desde el 5 de diciembre se solicitó formalmente acceso a esa información sin que el Ministerio responda, lo que calificó como una violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
“El Ministro debe responder”, enfatizó Abreu, quien afirmó que el derecho ciudadano abre la posibilidad de interponer un recurso de amparo para obligar a las autoridades a rendir cuentas.
Advirtió que lo que se observa es “un relajamiento inaceptable de los indicadores y parámetros del sistema de protección de nuestros recursos naturales”.
Incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente
Como segundo eje del informe, Abreu abordó la situación de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se ha producido una floración masiva de algas.
“Por segunda ocasión en tiempos recientes el agua en la presa de Hatillo ha cambiado de color, apareciendo enturbiada por una alta profusión de lama verde y pastosa que se conoce como floración de algas o crecimiento explosivo de éstas”, explicó.
El titular ambiental de la FP cuestionó que, pese a que la toma de muestras fue anunciada el 5 de diciembre, más de dos meses después el país no cuenta con una explicación oficial.
“Más de dos meses después todavía el Ministerio de Medio Ambiente no le tiene una respuesta al país y eso es INCAPACIDAD para gestionar situaciones que requieren respuestas que despejen dudas y ofrezcan soluciones”, sostuvo.
Agregó que la presa cumple funciones estratégicas en generación energética, riego agrícola, producción piscícola y potencial abastecimiento de agua potable para la capital, por lo que la falta de un diagnóstico integral de la cuenca del río Yuna constituye una falla grave en la gestión ambiental.
El tercer punto del informe se centra en el proyecto de limpieza de sedimentos de la presa de Valdesia, ejecutado aparentemente por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Abreu indicó que comunitarios del Distrito Municipal Pueblecito-Muchas Aguas denuncian que la obra se realiza abriendo una carretera a través del cauce del río Yubazo, afectando fuentes de agua que abastecen a varias comunidades.
Según explicó, el permiso ambiental otorgado permitiría intervenciones que violentan la franja de protección de 30 metros establecida por ley en los cursos de agua, e incluso penetran directamente el cauce del río en un trayecto de más de seis kilómetros.
Incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente
El político solicitó la publicación de toda la documentación del proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental, evaluaciones técnicas, empresa ejecutora y destino de los materiales extraídos, que, según estimaciones comunitarias, tendrían un valor de miles de millones de pesos.
El cuarto “nubarrón” expuesto por Abreu se refiere a la disputa judicial sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, en el municipio de Oviedo.
Explicó que una empresa obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Administrativo mediante acción de amparo, lo que podría abrir un precedente peligroso respecto a la protección constitucional de las áreas protegidas.
Sostuvo que la Constitución de 2010 establece la supremacía constitucional y la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado, por lo que cualquier reducción de límites en áreas protegidas requiere aprobación por mayoría calificada del Congreso Nacional.
Afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente no presentó en audiencia los medios probatorios necesarios sobre los límites del parque ni defendió con suficiente claridad la protección constitucional del área, lo que a su juicio revela nuevas fallas institucionales.
Al concluir la presentación, Paino Abreu reiteró que los cuatro casos expuestos no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural.
“El Ministerio de Medio Ambiente está fallando en su rol constitucional de protección”, afirmó, señalando que la combinación de incapacidad institucional, permisividad administrativa y opacidad informativa está colocando en riesgo el patrimonio natural dominicano.
Aseguró que la organización política seguirá cada uno de los casos expuestos y acompañará a las comunidades en defensa de un medio ambiente sano y advirtió que “otras oscuras nubes ensombrecen el panorama ambiental dominicano” si no se corrige el rumbo actual de la gestión pública ambiental.
