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Construyen carretera dentro del cauce de río en San Cristóbal

Edil documentó daños visibles en el cauce del río

Cambita-El Pueblecito, San Cristóbal (Rep. Dominicana). – El director del distrito municipal de Cambita-Pueblecito, Javier Garabitos, junto a dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y autoridades locales, denunciaron la construcción de una carretera dentro del cauce de un río de la zona.

Manifestaron que habilitaron la vía para el transporte de sedimentos extraídos de la presa de Valdesia, lo que “está secando tramos del afluente, poniendo en peligro decenas de viviendas y amenazando las principales fuentes de agua del territorio”.

Garabitos documentó los daños visibles en el cauce del río y advirtió que los trabajos de limpieza y extracción de sedimentos de la cola del embalse de la presa de Valdesia (Muchas Aguas), así como la forma en que se realiza el transporte de esos materiales, tienen un impacto directo y severo sobre las comunidades cercanas.

“En mi calidad de alcalde, quiero llamar al Presidente de la República para que venga él mismo y compruebe lo que pasa en Cambita-El Pueblecito, donde han construido más de seis kilómetros de carretera dentro del cauce del río”, expresó el edil.

Aclaró que las comunidades no se oponen a la limpieza del embalse, pero sí rechazan la forma en que se está ejecutando el traslado de los materiales extraídos.

“Aquí nadie está en contra de que se limpien los sedimentos de la presa. Lo que no podemos aceptar es que se destruya un río y se ponga en riesgo a todo un pueblo para habilitar una ruta de camiones”, sostuvo.

Garabitos mostró viviendas ubicadas al borde del nuevo cauce improvisado y alertó sobre el peligro inminente que representa esta situación.

“Están poniendo en peligro esas casas; desde que el río baje, se las va a llevar. No hay ningún tipo de protección. El río fue encajonado en una esquina solo para que los camiones pasen libremente”, denunció.

Según explicó, la carretera en construcción la utilizan para el tránsito diario de camiones pesados que transportan sedimentos, entre ellos arena, extraídos de la presa.

“Esta ruta alterna desemboca en terrenos donde ese material lo depositan para luego comercializarlo. Para beneficiarse unos pocos, acaban con un pueblo entero. Aquí tenemos seis pozos que dependen del río”, advirtió.

Carretera dentro del cauce de un río

Roque Lara, presidente de la Junta de Vecinos de La Guama, afirmó que la intervención provoca una depredación significativa.

“Aquí se tumban árboles y hacendo una carretera por el río, poniendo en peligro muchas casas, como las del barrio Simón Bolívar”, señaló.

José García de los Santos, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos del distrito municipal, denunció que los trabajos se iniciaron sin informar a la población.

“Esto comenzó el 21 de enero, mientras el pueblo celebraba el Día de la Virgen de la Altagracia. Vinieron a ocultas. Lo que hacen es totalmente ilegal. Nuestros pozos están a orillas del río y se están secando. Las evidencias están ahí”, sostuvo.

García de los Santos explicó que el paso de maquinaria pesada por el cauce altera de manera visible el flujo del agua.

“Ustedes pueden ver cómo el río tenía agua y cómo, después de pasar los tractores, se seca completamente. El daño es real y está ocurriendo ahora mismo”, afirmó.

La alcaldesa pedánea del barrio Simón Bolívar, Marcelina de Rosario, ofreció uno de los testimonios más dramáticos del recorrido.

“Miren cómo quedaron esas casas, en peligro total. Si siguen explotando esto, se va el barrio entero. Entonces que nos maten mejor, porque las comunidades hay que respetarlas”, expresó visiblemente indignada.

Dijo que están empoderados y no van a permitir que nadie destruya su barrio.

“Somos parte de este país y tenemos derechos. Yo soy una luchadora de mi comunidad y la voy a defender a uñas y dientes”, apostilló.

Las autoridades locales reiteraron su reclamo al mandatario para que se detenga la utilización del cauce del río como vía de transporte de arena y otros sedimentos y se establezcan rutas alternativas que no comprometan la seguridad de las comunidades ni la sostenibilidad de las fuentes de agua.

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