Santo Domingo (Rep. Dominicana).- Diversas organizaciones articuladas en la Coalición por la Seguridad Social Digna demandaron impulsar una reforma integral de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales y fortalecer la protección social en la República Dominicana.
Las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales y campesinas proclamaron que, tras 25 años de implementación, el actual sistema de seguridad social demostró su incapacidad “de garantizar los derechos establecidos en la Constitución”, al sustentarse en una lógica “privatizadora y orientada al mercado”.
En un documento conjunto, denunciaron que el modelo vigente prioriza las ganancias de sectores económicos vinculados a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mientras limita el acceso a servicios de salud de calidad y niega pensiones dignas a la población trabajadora.
La Coalición advirtió que la discusión sobre la reforma de la Ley 87-01 representa una oportunidad histórica para transformar el sistema en favor de la ciudadanía, aunque alertó sobre el riesgo de aprobar modificaciones que profundicen el modelo actual.
Las organizaciones rechazaron cualquier propuesta que implique aumentar la edad de retiro o las cotizaciones de los trabajadores, así como permitir que las administradoras de fondos de Pensiones (AFP) sigan usando los fondos de pensiones en beneficio de intereses privados.
Entre sus principales demandas, exigieron la reforma se realice de manera democrática, transparente y con participación vinculante de la sociedad civil, teniendo como referencia las discusiones de los últimos años en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, las vistas públicas y la Mesa de Diálogo para la Reforma impulsada por el Gobierno.
Las entidades también plantearon la necesidad de construir un sistema de pensiones solidario, universal y público, que garantice pensiones justas y suficientes a la población, así como un seguro nacional de salud sin copagos ni restricciones de cobertura.
Reclamaron una mayor inversión en salud pública, equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) y la defensa del Seguro Nacional de Salud (Senasa), los servicios públicos y los sistemas de pensiones de distintos sectores laborales como derechos adquiridos.
Impulsar una reforma integral de la Ley
Llamado al Gobierno y al Congreso Nacional a legislar en función del interés colectivo y no de los negocios privados y, en caso de no existir consenso, propusieron realizar un referéndum democrático para que la ciudadanía decida el modelo de seguridad social que desea para el país.
Entre otras organizaciones sociales y comunitarias firmaron Ciudad Alternativa, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores (UCT), Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Asodifimo) y la Escuela Multitemática.
También el Consejo Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), Coordinadora de Organizaciones Don Bosco (CodonBosco), el Centro de Ecucación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep).
