Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó al Ministerio Público investigar a congresistas y excongresistas que aún no presentan su declaración jurada de patrimonio.
La entidad criticó que, “ante la actitud pasiva y cómplice de las directivas de las dos cámaras y de los partidos políticos”, 20 diputados de los elegidos en el 2024 y 78 de los que salieron en el mismo año no cumplen con el mandato de ley.
En una nota de prensa, Participación Ciudadana identifica a los representantes dominicanos ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) Socorro Monegro, Ramón Gori, Rafael Chalas, el fallecido Pedro Corporán, Namibia Didiez, Enmanuel Polanco e Ismael Reyes quienes no cumplen con la obligación.
No cumplen con la Ley 311-14, a la fecha, los diputados Melvin Lara, Kinsberly Taveras, Sergio Moya, Juana Castillo, José Rodríguez, Jheyson García, Eugenio Cedeño, Eudy de la Cruz, Esmeralda Mancebo, Carmen Morel, Carlos Gil, Ángel Sánchez y Adelso Ruben Contreras.
Participación Ciudadana resalta que todos los senadores acataron la ley, pero siete de los que salieron siguen en violación a la ley, pues no presentan su declaración de salida que son: Bautista Rojas Gómez, David Sosa, Iván Silva, José del Castillo, Lenin Valdez, Martín Nolasco y Ramón Pimentel.
Investigar a congresistas y excongresistas
“El régimen de consecuencias para los legisladores que, en vez de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes se convierten en transgresores, debería comenzar en sus propios partidos”, expresa la organización cívica.
Indica que el Ministerio Público debería aplicar el artículo 19 de la ley citada, que dispone: “el Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de finalizar el período o removido del cargo sin cumplir con los requisitos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma”.
Participación Ciudadana espera que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral correspondiente.
