Santo Domingo (Rep. Dominicana).- En seguimiento a levantamientos realizados en las Mesas de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía dio seguimiento a una serie de denuncias que recibió en las jornadas realizadas en las comunidades.
En cumplimiento a las instrucciones de la ministra, Faride Raful, instruyó al viceministro de Convivencia Ciudadana, Antonio Palma, a dar seguimiento a las inquietudes de los residentes en las distintas localidades y que hasta la fecha no se le da respuesta.
Con esos fines, la directora de Recepción de Denuncias Ciudadana, Wendy Zapata, comisionó a Luis Manuel Martínez y José Manuel Rosario, del Departamento de Recepción y Seguimiento de Reclamos Ciudadanos, a dar seguimiento a las solicitudes de los residentes que corresponden a la Policía Nacional.
Por tal motivo los comisionados sostuvieron un encuentro con el director de Comunicaciones Estratégicas de la uniformada, coronel Diego Pesqueira, para analizar las vías de hacer más expeditas las soluciones a las demandas de los ciudadanos.
En el encuentro, Martínez y Rosario presentaron a Pesqueira las demandas no respondida con lo que consideraban limitaban las soluciones logrando una sinergia interinstitucional y acuerdos para el delos casos y agilizar los procesos.
Seguimiento a una serie de denuncias
Martínez y Rosario resaltaron la receptividad de Pesqueira y su sensibilidad y disposición para canalizar las respuestas oportunas a las inquietudes de la ciudadanía.
Las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género fueron establecidas por el Decreto No. 121-13. Las conforman instituciones de los gobiernos central, intermedios y locales y la sociedad civil organizada.
Funcionan como espacios de diálogo, con la misión de gestionar y ejecutar políticas públicas y programas para la prevención de la violencia y la criminalidad, promoviendo la convivencia pacífica entre los residentes de las comunidades participantes.
Las presiden los alcaldes como autoridades locales y coordinadas por el Ministerio de Interior y Policía, para asegurar la colaboración de los gobiernos intermedios (Gobernaciones Provinciales), gobiernos locales (Alcaldías), organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, entidades académicas y otras instituciones organizadas.
