Santo Domingo (Rep. Dominicana ).- La Procuraduría General de la República (PGR) recibió un informe técnico en el cual se documenta una supuesta existencia de una estructura organizada de proveedores que, mediante prácticas fraudulentas, manipuló procesos de contrataciones con el Estado afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.
De acuerdo con los documentos depositados por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), la estructura incurrió en presuntos actos de intimidación y extorsión con posibles vínculos con funcionarios.
La DGCP informó que entre las empresas identificadas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL, Tingley Business SRL, las cuales presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.
De acuerdo con un parte de prensa, el informe evidencia la actuación coordinada de varias empresas vinculadas que habrían utilizado distintas razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a otros oferentes legítimos.
Procesos de contrataciones
El documento también recoge testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, lo que evidencia la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación que distorsionan la transparencia y la equidad de los procesos.
El análisis concluye que las conductas observadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.
En la nota de prensa, la DGCP informó que oportunamente remitirá el informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación de posibles acuerdos colusorios y de manipulación del mercado en las contrataciones públicas.
