Santo Domingo (Rep. Dominicana).- El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió al Gobierno explicar los criterios utilizados para otorgar pensiones solidarias, detener la práctica y rendir cuentas sobre el manejo de estos recursos.
La organización política demandó que se explique los criterios utilizados para otorgar 11,007 pensiones sin aval ya que el “pueblo dominicano merece saber cómo se gasta su dinero. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir transparencia en cada centavo de los fondos públicos”.
Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la entidad en oposición, expresó que entre los años 2021 y 2024 el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emitió 318 decretos presidenciales para la asignación de pensiones especiales.
Dijo que con esas ordenanzas presidenciales se benefició a 11,007 personas generando un compromiso financiero anual para el Estado dominicano que asciende a RD$3,925,955,796 sin justificación legal.
Martínez sostuvo que el hallazgo se desprende de un estudio minucioso que analizó todas las disposiciones emitidas por el Ejecutivo en este período, evidenciando una práctica que calificó como abusiva, discrecional y contraria al marco normativo.
“El Poder Ejecutivo no está autorizado a otorgar pensiones especiales por capricho, y sin embargo, esto es lo que está ocurriendo en la práctica”, enfatizó subrayando que se trata de una violación a la normativa vigente.
Martínez explicó que la Ley 379-81, que establece el régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio.
“Si bien otorga al Presidente la facultad de conceder pensiones en casos de incapacidad médica, cualquier otra situación no contemplada por la ley, la debe aprobar por el Congreso Nacional, tal como lo indica su artículo 10”, dijo.
Criterios utilizados para otorgar pensiones
Reveló que el monto destinado a estas pensiones supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado como los ministerios de Trabajo, de Administración Pública, de la Mujer y de la Juventud.
“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez.
El político advirtió que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.
Según el dirigente de la Fuerza del Pueblo, los decretos que otorgan estas pensiones revelan un marcado tinte político.
“En muchos casos, estas pensiones se conceden por solicitud expresa de dirigentes del PRM. El decreto 425-21, por ejemplo, menciona que los beneficiarios los propuso un senador oficialista y el decreto 273-21 indica que las pensiones se otorgaron a petición de un alcalde del partido de Gobierno”, sostuvo.
En su opinión, esto evidencia que las pensiones especiales se han convertido en una herramienta clientelar y electoral.
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