Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) evidenció que entidades estatales exigen certificación que no se requiere en algunos procesos a todas los oferentes.
En un parte de prensa, deja claro “(que) la certificación de autorización del fabricante sólo se debe requerir cuando se tratan de artículos especializados o técnicos que, por su complejidad, impida a las instituciones validar por sí mismos los estándares de calidad exigidos”.
El órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), emitió la circular núm. DGCP44-PNP-2025-0008, en la cual establece que la solicitud, (de la certificación) “puede aplicarse en casos donde existan restricciones legales o acuerdos de distribución exclusiva”.
Además, establece que, cuando la certificación de autorización del fabricante la requieran, esta debe considerarse como un documento subsanable, en cumplimiento del principio de igualdad entre diferentes y conforme al artículo 120 del mismo reglamento. Esto significa que los proveedores podrán presentar el documento posteriormente, siempre que su contenido sea inherente a la capacidad de la oferta al momento de la oferta.
“La aclaración se produce ante diversos escenarios en los que se ha requerido dicho documento como parte de los requisitos habilitantes, incluso en adquisiciones de bienes de libre comercialización que no ameritan una validación técnica especializada ni poseen restricciones legales o de distribución exclusiva”, expresa el parte de prensa.
Certificación que no se requiere
Contrataciones Públicas exhortó a las unidades de compras a no exigir dicha certificación en procesos relacionados con la adquisición de bienes perecederos y no perecederos de alimentos y aquellos artículos que no cuenten con un grado de especialidad requerido.
Llamó al personal responsable de la elaboración de pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y/o términos de referencias, así como a los comités de compras y unidades operativas de contrataciones, a tomar en cuenta estas disposiciones para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia de los procesos.
“Con esta orientación, la DGCP reafirma su compromiso con la promoción de reglas claras, la participación amplia de oferentes, especialmente de las mipymes, y la correcta aplicación de los principios que rigen la contratación pública en nuestro país”, expresa el órgano rector mediante su parte de prensa.
