La lucha de clases es un fenómeno social que se manifiesta de múltiples formas a lo largo de la historia. En la República Dominicana y, específicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), este conflicto se evidencia notablemente en las tensiones entre profesores y empleados administrativos.
Esta división no solo afecta el ambiente laboral, sino que también influye negativamente en la calidad educativa y el desarrollo institucional.
Contexto de la UASD
La UASD es una de las principales instituciones de educación superior del país y se mantienen como un bastión del conocimiento y la formación académica.
Sin embargo, a pesar de su importancia, enfrenta serios desafíos relacionados con su estructura organizativa y las dinámicas laborales entre sus miembros: la división entre profesores y empleados administrativos
En la UASD, los profesores suelen tener un estatus privilegiado debido a su formación académica y su rol fundamental en el proceso educativo.
Esto genera una percepción de superioridad sobre los empleados administrativos, quienes desempeñan funciones críticas pero a menudo se les subestima.
Sin embargo, esta división se ve exacerbada por las estrategias implementadas por el rector, quien fomenta un ambiente de competencia y desconfianza entre los mismos empleados administrativos.
División entre profesores y empleados administrativos
Las autoridades actuales, desde el rector hasta los directores de área y encargados departamentales, perpetúan esta división como una estrategia para consolidar su poder.
Al fomentar rivalidades tanto entre profesores y empleados administrativos como dentro del propio grupo de empleados, logran desviar la atención de sus propias fallas en la gestión institucional.
Este clima de división lo aprovechado el rector para mantener un control férreo sobre ambos grupos. Al crear confrontaciones internas entre los empleados administrativos —donde favorecen a algunos con prebendas o ascensos— se debilita la cohesión necesaria para exigir mejoras laborales y condiciones dignas para todos.
Así, las necesidades reales quedan relegadas a un segundo plano mientras los líderes universitarios priorizan sus intereses personales.
En este contexto, las decisiones arbitrarias favorecen a un pequeño grupo mientras desatienden las demandas legítimas de todos los gremios involucrados.
Esta dinámica no solo perjudica a los trabajadores, sino que también impacta negativamente en la calidad educativa que se ofrece a los estudiantes.
