Santo Domingo (Rep. Dominicana).- La Red Socioambiental Nacional alertó el peligro que representa la modificación de la Constitución si esta no responde a las necesidades y demandas reales del pueblo.
La entidad advirtió al presidente Luis Abinader y al nuevo Congreso Nacional que tomará posesión este 16 de agosto que con apertura del proceso de cambios podría atentarse contra los derechos sociales y ambientales consagrados en la Carta Magna.
Adelanta que rechazará todas las políticas que atenten contra los intereses populares a nivel nacional, que se pretendan incluir aprovechando una Reforma constitucional, el Código Penal y la Reforma Fiscal, entre otras.
“Salud, educación, vivienda y trabajo dignos no son concesiones del poder, sino derechos irrevocables del pueblo”, recordó la entidad integrada por organizaciones sociales y ambientales.
Considera que la sola apertura de la modificación abre las puertas para que sectores interesados en cambiar aquellos referidos a derechos fundamentales y conquistas logradas por los dominicanos a través de la historia introduzcan otros elementos.
“La Red entiende que los derechos sociales y fundamentales garantizados en la Constitución se deben “blindar”, para usar una expresión de moda, como única garantía de preservar la democracia”, manifiesta.
La organización advierte a los legisladores que el patrimonio ambiental, compuesto por recursos como el agua, corre el riesgo de enajenación no solo con propósitos privatizadores, sino también con las concesiones mineras.
Reda alerta sobre modificación de la Constitución
Recordó a los congresistas que recibieron el favor del voto popular para obedecer a los intereses de las comunidades en las que los eligieron y recordar que el Congreso es un poder independiente, como está consagrado en la misma Constitución al definir la división de los poderes del Estado.
Llama a los miembros del Congreso a decidir si prefieren servir a los intereses del oro y las corporaciones o si eligen defender la vida, las cuencas, las cordilleras y los ríos que son el alma de nuestra patria.
La entidad propone la creación de una nueva Ley Minera, orientada a la sostenibilidad, desarrollo humano integral, independencia y soberanía nacional, hídrica, alimentaria, de nuestros recursos y riquezas, o que reformule y actualice la vigente ley que data del año 1971 ya que en su forma actual es un instrumento de saqueo y destrucción.
“Una tarea para el Congreso que se establecerá el 16 de agosto es escuchar a los sectores que sostienen la defensa de los derechos sociales y los bienes públicos establecidos en los ecosistemas ambientales, como las cuencas hidrográficas, los ríos, las cordilleras, y hacer un mapeo de los lugares donde se han concesionado las minas de oro, determinar los daños y poner en una balanza los beneficios inmediatos y los daños futuros que comprometen seriamente la sostenibilidad de la isla”, manifiesta.
